Eloísa González, Daniela Malpica y Jorge Peniche
Texto publicado originalmente en Animal Político

A lo largo de la historia de la humanidad se ha estudiado el significado de la sociedad civil y su composición. Sin ir más allá, tomaremos el concepto empleado por el sociólogo guatemalteco Edelberto Torres-Rivas, que remite a la noción de espacio y de movimiento. La sociedad civil (SC) es un espacio donde se encuentran intereses privados que aparecen, crecen, adquieren identidad para organizarse y cobrar vida orgánica al asociarse. Este autor cuando habla de intereses privados no se refiere a individuos sino a la convergencia de apetencias, intereses, propósitos, los que obviamente existen porque pertenecen a actores definidos donde la voluntad/capacidad de organizarse es un elemento importante que se hace presente en la vida pública. Este universo de intereses particulares forma una dimensión importante de la vida social, especialmente, en una situación democrática.1

Esta convergencia de intereses adquiere -en determinados momentos- un sentido de solidaridad, de ayuda mutua, de búsqueda de la justicia, de defensa de los derechos políticos y socioeconómicos ante el poder del Estado, en particular, en contextos de estados autoritarios, de excepción, de formas autocráticas o cuando el Estado de Derecho se encuentra debilitado. En el caso de México, en su historia más reciente, nos podemos remitir a determinados momentos históricos como por ejemplo, el auge de la SC tras el sismo de 1985 por la incapacidad del gobierno a afrontar esa situación; a la movilización de la SC en apoyo del movimiento zapatista de 1994; así mismo, en años recientes para impulsar un gobierno de izquierda y sustituir uno que metió a México en una guerra contra el narcotráfico y en una espiral de violencia interminable y cada vez más violenta.

Hace casi un año, la sociedad mexicana confió en el cumplimiento de las promesas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar con la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico, en las que empleó palabras como paz, reconciliación, perdón, amnistía, legalización; además, señaló la participación de víctimas y familiares de personas desaparecidas y de violaciones graves a los derechos humanos, de expertos nacionales e internacionales, de organizaciones civiles, entre otros. El objetivo era construir un proceso de paz que permitiera la reconciliación y aplicar justicia en los crímenes atroces que azotan a nuestro país. Es decir, el inicio de un proceso de justicia transicional.

Sin embargo, ha pasado ese tiempo y la sociedad sigue esperando y desesperando, especialmente, tras los acontecimientos de Aguililla, Michoacán, el pasado14 de octubre, donde el cártel en turno ejecutó a catorce policías locales. El operativo de Culiacán, Sinaloa, para capturar a hijo de El Chapo, que dejó siete personas asesinadas y, el más reciente, el 4 de noviembre, donde nueve miembros de la familia LeBarón fueron ejecutados de una manera violenta (tres mujeres y seis menores de edad) por la delincuencia organizada y permitida en los limítrofes de Chihuahua y Sonora. Ello sin tener en cuenta los sucesos violentos no denunciados por el miedo y las ya cientos de miles de víctimas por homicidio, desaparición, tortura, desplazamiento forzado, extorsión, y un largo etc.

¿Qué queda después de las promesas incumplidas por la presente administración? A la sociedad civil nos queda la movilización. Debemos seguir exigiendo el cumplimiento de las promesas hechas y anunciadas, qué más que promesas forman parte de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición. Es por ello que, como Justicia Transicional en México, vemos con esperanza y como una oportunidad la carta enviada por Javier Sicilia al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 17 de noviembre, en cuyos párrafos se menciona:

Durante tu campaña, Presidente, prometiste hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación. Por desgracia dejaste a un lado esas promesas para poner en su lugar otras cosas que carecen de sentido cuando el país está en llamas. A fuerza de reducir la erradicación de la violencia a abrazos y no balazos, y a un puñado de programas sociales destejidos de una verdadera y profunda política de Estado en materia de justicia transicional, la consecuencia de los abrazos es la misma que la de las balas: sufrimiento, indefensión y muerte…hace un año dijiste que gobernarías para todos y que juntos haríamos historia. Hace un año dijiste que la agenda fundamental de la nación sería la paz, la justicia y la seguridad. Hace un año, por lo mismo, nos firmaste un pagaré para que eso, que nos han robado los criminales y el Estado, nos fuera devuelto. Después de un año –con 30 mil asesinados que se suman a las centenas de miles de asesinados y desaparecidos de las otras administraciones y con la masacre de los LeBarón- nos han devuelto el cheque con un sello que dice “fondos insuficientes”. Pero muchos mexicanos nos negamos a creer que el banco de este gobierno está quebrado, que las bóvedas del Palacio Nacional y de los palacios de gobierno no tiene fondos y están vacíos, saqueados por el crimen organizado y sometidos como nuestros caminos, nuestras calles, nuestras instituciones, por ello voy a caminar de nuevo con lo único que tengo, mi dignidad, mi rabia y mi palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas, que debemos abandonar el hábito –que nos inoculó la violencia- de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos; que debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hace posible lo único que importa: la verdad; la justicia y la paz. Voy a caminar para recordar y recordarte, Presidente, la imperiosa urgencia del ahora…es momento de cambiar la estrategia por una a la altura de la emergencia nacional y la tragedia humanitaria que padecemos. Sabes de sobre, Presidente, que hay elementos para hacerlo. Se pusieron sobre la mesa…

Javier Sicilia

En este sentido, es importante recordar que uno de los cuatro pilares sobre los que se construyen las políticas de la justicia transicional son las garantías de no repetición –esto es– adoptar medidas para prevenir que las atrocidades vuelvan a ocurrir. Sobre este tema, dentro de el Informe Conjunto del Relator Especial de Justicia Transicional y el Asesor Especial sobre el Genocidio sobre “la Contribución de la Justicia Transicional a la Prevención” se destaca que es más probable que las sociedades con un legado de crímenes atroces que no ha sido abordado de forma adecuada recurran nuevamente a la violencia. Recordándonos la espiral de violencia en la que se encuentra nuestro país y los altísimos índices de impunidad.

De este modo, es posible afirmar que la justicia transicional no solamente se orienta al pasado, sino que tiene un potencial preventivo que mira hacia el futuro, sintetizado en la máxima que múltiples sociedades azotadas por graves violaciones a derechos humanos han gritado “Nunca Más”.2 Nunca más aceptar la represión, la impunidad, la indiferencia, la polarización, el olvido.

Dentro de los esfuerzos para garantizar la no repetición, la evidencia indica la existencia de una estrecha correlación entre la construcción de una sociedad civil fuerte y autónoma e indicadores positivos de derechos humanos. Una sociedad civil desarticulada es menos propensa a evitar violaciones graves de derechos humanos concluye este Reporte.

De este modo, es urgente reflexionar y unirnos al llamado para tratar de unificar los distintos movimientos de víctimas, no podemos volver a esperar ante la indiferencia y las promesas sin cumplir de nuestra clase política – que ha demostrado que todos son iguales – pues esto significaría vivir más de lo mismo. Es momento de movernos como sociedad y exigir junto con las víctimas las promesas relacionadas con la verdad, la justicia y la paz.

* Eloísa González Hidalgo es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Daniela Malpica Neri (@danielamalpican) es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derechos Humanos con enfoque en justicia transicional por la Universidad de Essex, y fundadora de @JTenMexico. Jorge Peniche Baqueiro (@jorgepeniche6) es maestro en derecho internacional con enfoque en teoría del derecho y justicia transicional por la Universidad de Nueva York (NYU), y fundador de @JTenMexico.

1 Torres-Rivas, E. “La sociedad civil en construcción democrática: Notas desde una perspectiva crítica”, en Revista Instituciones y Desarrollo, 8 y 9, PP. 146.

2 Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición a la prevención de las violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición. Disponible aquí.