Daniela Philipson
Texto publicado originalmente en Animal Político
A principios del año en curso, el gobierno mexicano anunció que sería el primer país del Sur Global en diseñar e implementar una Política Exterior Feminista. Unas semanas después ocurrieron los feminicidios de Ingrid y Fátima. Ingrid fue asesinada y mutilada por su pareja y las fotos de su cuerpo fueron publicadas por La Prensa. Fátima, de apenas 7 años, desapareció después de la escuela. Su cuerpo apareció en un basurero con signos de tortura días después. Ante estos feminicidios, el presidente López Obrador se limitó a dar un sermón y predicar un decálogo banal sobre como atender la crisis de violencia de género que azota al país.1 En su decálogo, el presidente llamó a no agredir a las mujeres ni cometer crímenes de odio en su contra, pero se rehusó a explicar cómo o a delinear las políticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas que emprendería su gobierno para garantizar un alto a la violencia. Tan solo unos meses antes, en el pleno de la Asamblea General de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard, en representación del presidente, aseveró: “el gobierno de México es feminista“.2
Durante la presidencia de López Obrador, la lucha por la equidad de género ha retrocedido significativamente. En tan solo un año, el gobierno implementó un paquete de medidas de austeridad significativas,3 eliminó subsidios para mujeres víctimas de violencia doméstica,4 desapareció el seguro popular,5 creó la guardia nacional y, consecuentemente, la desplegó a la frontera sur donde enfrenta denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.6 Todas estas son políticas públicas que afectan negativa y desproporcionalmente a las mujeres y a las comunidades marginadas al limitar su acceso a servicios públicos, violar su integridad como personas y perpetuar el ciclo de violencia.
El hecho de que la administración actual le haya dado continuidad a la estrategia de seguridad previa (i.e. la guerra contra la delincuencia organizada), con la creación y el consecuente despliegue de la Guardia Nacional, resulta particularmente preocupante ya que prolonga la violencia de género específica que ocurre en situaciones de conflicto armado, principalmente la violencia sexual de mujeres y niñas.
El proyecto de Estado de Derecho en Conflictos Armados de la Academia de Ginebra considera que México se encuentra en dos conflictos armados no internacionales a la vez,7 uno contra el Cartel Jalisco Nueva Generación y el segundo contra el Cartel de Sinaloa. Asimismo, la Recomendación General 30 de la CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos aborda la guerra contra la delincuencia organizada como una situación preocupante en la que acontecen violaciones graves a los derechos de las mujeres. Esto a pesar de que la guerra contra la delincuencia organizada no aparece clasificada como conflicto armado de acuerdo al derecho internacional humanitario.8
En este sentido, un reporte de 2019 de Data Cívica,9 organización de sociedad civil dedicada al análisis de datos para la gestión de políticas públicas, halló que la tasa de homicidios de mujeres ha incrementado en la vía pública debido a la militarización y el contexto de violencia generalizada en el país. Además, señala que las mujeres viven una violencia diferenciada en relación con los hombres.
En Michoacán, donde se localiza una de las zonas en conflicto en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que una de las principales consecuencias del conflicto fue el aumento en violencia sexual de mujeres y niñas. Sólo entre 2006 y 2013, la tasa de averiguaciones previas por violación sexual en Michoacán aumentó casi al doble, en un 92%. Este tipo de violencia en situaciones de conflicto se diferencia de la violencia de género ‘tradicional’ ya que se utiliza de manera estratégica y táctica por parte de los agresores para infundir terror en las comunidades. Dado que los roles de género sitúan a los hombres como protectores y a las mujeres y niñas mexicanas en el centro de las relaciones afectivas de sus comunidades, la violencia sexual en su contra tiene como objetivo oprimir, ejercer poder e infligir trauma en las comunidades afectadas. 10
Ante esta coyuntura, ¿qué quiere decir que el gobierno sea feminista? Esta pregunta es un punto de inicio crucial ya que no hay consenso, ni siquiera entre los primeros gobiernos en implementar políticas exteriores feministas—Suecia y Canadá. Una definición según el Centro de Política Exterior Feminista es que ésta consiste de “un marco que eleva la experiencia cotidiana de las comunidades marginadas a la vanguardia y proporciona un análisis más amplio y profundo de los problemas globales”. Esta visión ofrece “un replanteamiento alternativo e interseccional de la seguridad desde el punto de vista de los más marginados.”11 Tomando esta definición como referente, un país militarizado que no garantiza el acceso a la justicia, ignora la violencia de género y, particularmente, aquella que ocurre en contexto de conflicto o de comisión de violaciones graves a derechos humanos de forma generalizada y/o sistemática, atenta contra los derechos humanos de migrantes y no pone una perspectiva de género al centro de su diseño e implementación de políticas públicas, no es ni será bajo la consideración más básica, feminista.
No obstante, en espacios internacionales y foros multilaterales suena otra narrativa por parte del gobierno mexicano que busca acentuar una agenda liberal y progresiva a pesar de la crisis de inseguridad y violencia que se vive al interior del país. Además de anunciar una política exterior feminista, México es uno de los estados miembros organizador del próximo Foro Generación Igualdad,12 junto con el gobierno francés y ONU Mujeres. Su objetivo es catalizar acciones y compromisos por parte de estados, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para alcanzar los objetivos de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyo 25 aniversario se celebra este año. Las acciones y compromisos impulsados por el foro se dividen en 6 ejes temáticos: 1) violencia de género; 2) justicia y derechos económicos; 3) autonomía corporal y derechos sexuales y reproductivos; 4) acción feminista por la justicia climática; 5) tecnología e innovación para la equidad de género, y 6) movimientos feministas y liderazgo.
Para las activistas feministas que participan como miembros de la sociedad civil en las Naciones Unidas, hay una omisión notoria entre los ejes temáticos: la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), una piedra angular en materia de derecho internacional y violencia sexual y de género, y que emana de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU,13 la que reconoce a la violencia sexual y de género como acciones tácticas e instrumentales en conflictos armados, tal y como la que observó la CNDH en Michoacán. Además, establece que es imprescindible analizar los conflictos con perspectiva de género y garantizar la participación sustantiva de mujeres en la resolución de conflicto y negociaciones de paz. Por último, subraya la responsabilidad de los estados a poner fin a la impunidad y enjuiciar a los culpables de ejercer violencia sexual y de otro tipo contra niñas y mujeres.
De acuerdo con la Resolución y la Agenda, el Consejo de Seguridad exige a todos los estados miembros diseñar e implementar un Plan de Acción Nacional en materia de MPS. A la fecha, 43% de los estados miembros de la ONU cuentan con un plan. México no es uno de ellos.14 Al igual que con otros instrumentos internacionales, no se puede obligar a México a publicar un plan. No obstante, a diferencia de otros instrumentos internacionales, en caso de que se publique un plan, este debe de contar con mecanismos rigurosos de medición y evaluación internos que permitan analizar el impacto de sus políticas públicas para erradicar la violencia de género a largo plazo.
Actualmente, México está contendiendo para ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022. Si esto sucede, el país tendrá que abordar el elefante en la sala: (i) las altas tasas de violencia e impunidad en el contexto de la Guerra contra la Delincuencia Organizada y fenómenos relacionados; lo que ha llevado a señalar que atravesamos una crisis de derechos humanos; (ii) su impacto diferenciado en las mujeres, y (iii) qué pretende hacer para enfrentar esta situación. De ser así, el lema acuñado por el presidente—“la mejor política exterior es la política interior“—se revertiría de forma que cumplir con la política exterior fortalecerá la política interior en materia de género y seguridad.
Adicionalmente, será también imprescindible que México publique un Plan de Acción Nacional de acuerdo con la Resolución 1325 que cierre las brechas entre su política exterior y doméstica. En su contenido, el plan deberá abarcar las 4 Ps establecidas por la Resolución: protección y prevención de las mujeres en situaciones de conflicto, participación sustantiva de mujeres y promoción de la Agenda MPS. Según el programa de MPS de la London School of Economics (LSE), un eje central para cumplir con las 4 Ps radica en la justicia transicional (este tema se abordará más a fondo en la segunda entrada de este blog).15 En su diseño, el plan debe contar con la participación de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil. Por último, en su evaluación, el plan debe incluir revisiones periódicas por parte del mismo grupo de expertas. Después de cada periodo de revisión, el plan debe ser actualizado para implementar mejoras. Cabe aclarar que la publicación de indicadores y evaluaciones debe ser transparente y disponible al público en general.
En la segunda entrada de este se texto se abordarán más a detalle las recomendaciones para un Plan de Acción Nacional para México que abarque los matices relacionados a violencia de género en conflicto armado. Además, se tocará el tema de justicia transicional como mecanismo de construcción de paz con perspectiva de género.
* Daniela Philipson (@daniphilipson) es becaria Fulbright y Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente trabaja en una asociación civil en Nueva York en donde se especializa en temas de seguridad y género en la ONU.
1 El Universal, “SEGOB lanza decálogo de AMLO contra violencia a mujeres; lo borra tras recibir críticas”, 14 de febrero 2020.
2 Expansión Política, “El Gobierno de México es Feminista: Marcelo Ebrard en la ONU”, 28 de septiembre 2020.
3 BBC News, ¿Quién gana y quién pierde con la austeridad republicana de AMLO?, 1 de agosto de 2019.
4 CNDH, “Preocupa a CNDH riesgos de violencia y violaciones a derechos humanos de mujeres (…)”, 22 de febrero de 2019.
5 Georgina Jiménez “¿Quiénes están en riesgo con la llegada del INSABI? Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular”, 21 de enero de 2020.
6 Manuel Espino y Alexis Ortiz, “Guardia Nacional acumula 24 denuncias ante CNDH, mayoría de migrantes”, 14 de noviembre de 2019.
7 Geneva Academy, Non-international Armed Conflicts in Mexico, 2020.
8 CEDAW, Recomendación General 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, 2013.
9 Data Cívica, Claves para Entender y Prevenir los Asesinatos de Mujeres en México, 2019.
CNDH, Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en el Estado de Michoacán y las Violaciones a Derechos Humanos Relacionados con el Conflicto, 2016.
11 Centre for Feminist Foreign Policy, consultada el 16 de marzo de 2020.
12 ONU Mujeres, consultada el 16 de marzo de 2020.
13 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución 1325, 2000.
14 WILPF PeaceWomen Program, consultada 16 de marzo de 2020.
