Daniel Vázquez
Texto publicado originalmente en Animal Político
Amplias regiones de México se encuentran gobernadas por redes de macrocriminalidad que realizan graves violaciones a derechos humanos en completa impunidad. Si esto sigue así, la violencia se mantendrá más o menos igual. Vayamos más despacio.
Una red de macrocriminalidad se caracteriza por varios elementos: cometer distintos tipos de delitos (desapariciones, extorsiones, homicidios, trata de personas, narcotráfico, etc.), hacerlo en una región territorialmente amplia y estar conformada por tres estructuras: la criminal, la empresarial y la política.
Estamos, por ejemplo, frente a redes de macrocriminalidad cuando miramos la forma en que operan cárteles como el de Sinaloa (que hoy sabemos que tenían a varios funcionarios públicos en su nómina, incluyendo al Secretario de Seguridad Pública), el cártel Jalisco Nueva Generación (que tenía entre sus filas al Procurador de Nayarit sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión) o las complicidades entre los Zetas y los gobiernos de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Estamos, también, frente a redes de macrocriminalidad, cuando miramos el modus operandi de las redes de corrupción que involucran a múltiples funcionarios priistas en operaciones como la Estafa Maestra o las Empresas Fantasma de Javier Duarte en Veracruz, y de César Duarte en Chihuahua.
La inclusión de la estructura política dentro de las redes de macrocriminalidad cobra especial relevancia, ya que incluye una demanda explícita de impunidad para todas las personas que pertenecen a la red. Este punto suele ser pasado por alto con mucha facilidad. Los delitos cometidos por las redes de macrocriminalidad no se investigan, las redes de macrocriminalidad no se desmantelan. Y esto sucede no porque los órganos encargados de la investigación y combate al crimen sean ineptos, o porque no tengan las capacidades para hacerlo. Las fechorías cometidas por las redes de macrocriminalidad se mantienen en la impunidad, porque los políticos que operan a los órganos de investigación y justicia pertenecen a esas redes. Visto así, el problema es mucho más grave. No es sólo un problema de omisión de los órganos de investigación y justicia, sino de abierta acción de dichos organismos para evitar cualquier investigación y, en caso de que sea irremediable, para desviarla y no llegar a los miembros más relevantes que administran la red de macrocriminalidad.
Los casos más claros de nula investigación son la masacre de Allende cometida en el 2011 en Coahuila, o las masacres contra migrantes tanto de Coahuila como de Querétaro. El caso más conocido de investigación desviada es el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el intento de crear la “verdad histórica” por medio de personas torturadas y pruebas “sembradas”.
La corrupción entra a esta ecuación por medio de la captura estatal. El concepto más amplio y conocido de corrupción es la desviación del poder público encomendado para beneficios propios (Vázquez, 2018). Ésta también es la mejor forma de conceptualizar a la captura estatal. Estamos frente a la captura del Estado cuando las decisiones de un organismo público se alejan de su objetivo principal para satisfacer el beneficio particular de una persona o grupo. Esto es lo que sucede con las redes de macrocriminalidad debido a la inclusión de la estructura política en ellas. Los órganos que debieran tener como principal objetivo proteger los derechos de las personas por medio de la investigación y sanción de los delitos, se alejan de este objetivo y se ocupan de proteger a los integrantes de la red de macrocriminalidad. Los intereses de la red de macrocriminalidad se intersectan con los de los agentes gubernamentales de forma tal que se pierde la autonomía gubernamental y, por ende, se privatizan las acciones estatales, y se omite la obligación del Estado de proteger a las personas. Es algo más que un simple cabildeo, como se observa en las dos figuras siguientes, se trata del empalme de las redes de macrocriminalidad sobre las decisiones estatales, en pocas palabras: las redes de macrocriminalidad gobiernan amplias regiones de México.
De esta forma, tenemos: 1) violaciones graves a derechos humanos como desapariciones y homicidios, 2) cometidas por una red de macrocriminalidad que incluye políticos y 3) un proceso de captura estatal que permite mantener esas violaciones graves en completa impunidad. Lo peligroso de esta secuencia es que, en la medida que la red de macrocriminalidad se mantenga, la impunidad seguirá. Con estos dos elementos, las violaciones graves a derechos humanos se repetirán a lo largo del tiempo por las mismas estructuras en los mismos términos. Lo que se conforma son patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos. Para el caso de México (y se puede pensar que para el grueso de América Latina), la impunidad, la corrupción y la violación a derechos humanos por grupos que se pueden considerar privados como el crimen organizado (y también empresas, paramilitares en Colombia, pandillas en Centroamérica, o milicias en Brasil), son algunos de los patrones estructurales de las violaciones graves a derechos humanos. Son estructurales debido a que la impunidad los dota de estabilidad a lo largo del tiempo.
Interacción entre la corrupción, las violaciones a los DH y la impunidad
Esto no quiere decir que frente a toda violación grave de derechos humanos existan estos patrones de macrocriminalidad, corrupción (captura estatal) e impunidad. Sino que, para el caso de México, hoy en día, así es como funcionan.
Seguramente en este momento el lector se pregunta: ¿cómo rompemos estos patrones estructurales de violaciones graves a derechos humanos? Lo principal es combatir a la impunidad. Sin embargo, tenemos varias restricciones para implementar este combate. Por un lado, los órganos encargados pueden estar capturados por las propias redes de macrocriminalidad. Habría que analizar cuántas de las 32 fiscalías locales se encuentran en estas condiciones. Por otro, puede suceder que los criterios de impunidad sean políticos, y se use a los órganos de investigación para condicionar a los adversarios en lugar de construir las bases de un Estado democrático y social de derecho, como parece suceder en el ámbito federal. También es cierto que los órganos ordinarios de justicia -como las fiscalías locales- se encuentran absolutamente rebasadas para investigar los 300 mil homicidios y cientos de miles de desaparecidos que tenemos en México producto de la guerra contra el narcotráfico.
La política de antiimpunidad que México requiere supone órganos extraordinarios de justicia -distintos a las actuales fiscalías-, que cuenten con la autonomía política que no tienen los órganos de justicia nacionales. Una opción es la instauración de instituciones como una Comisión Nacional de la Verdad que, por un lado, nos permita saber qué pasó y, por el otro, nos ayude a conocer los patrones estructurales en que operaron esas redes de macrocriminalidad. Por sí sola, la Comisión Nacional de la Verdad sería insuficiente. Se requiera también un Mecanismo Internacional contra la Impunidad con capacidad de investigación y acción penal que vaya contra los principales autores intelectuales y administradores de las redes de macrocriminalidad que gobiernan amplias regiones de México. Es importante que el Mecanismo sea internacional, precisamente para dotarlo de la autonomía política que no tienen las fiscalías en México, para evitar las omisiones y desvíos de las investigaciones producto de la politización de la justicia.
De acuerdo con el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional, el 26 de marzo del 2024 todos los militares y marinos que actualmente se encuentran desplegados en el territorio nacional deben regresar a sus cuarteles. Para que esto suceda, se requiere: 1) el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad que gobiernan amplias regiones de México, 2) la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de investigación de las 32 entidades federativas, así como las federales y 3) un programa de salida progresiva de los militares y marinos de las calles. Ninguna de estas tres cosas es factible si la lógica actual de impunidad se mantiene. Sin los órganos extraordinarios e internacionales como la Comisión Nacional de la Verdad y el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, la impunidad seguirá exactamente igual.
Pareciera que la corrupción, la impunidad y la violencia en México llegaron para quedarse, entre otras cosas porque nuestra clase política se mira muy cómoda simplemente administrando el desastre.
Fuentes de información
Vázquez, Daniel. (2020). Impunidad y violaciones a derechos humanos. México: IIJ-UNAM. En prensa
Vázquez, Daniel. (2019). Captura del Estado, macrocriminalidad, y derechos humanos. México: FLACSO-México / IIJ-UNAM / Fundación Böll. 245 P.
Vázquez, Daniel. (2018). Corrupción y Derechos Humanos. ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrupción? EUA: Peter Lang. 352 p.
