Toda acción que tomen las autoridades derivadas de la consulta debe servir a fortalecer, preparar o hacer viable la justicia o derechos de las víctimas, pero no agotan la realización de tales derechos (porque en caso de no existir tales acciones o ganar un no vinculante, el resultado sería que la ausencia de estos mecanismos anularía las formas de hacer efectivos estos derechos).

Aún no contamos con una narrativa coherente, clara y consistente de las causas, motivos y consecuencias del legado masivo de abusos graves a los derechos humanos que padecemos y que ha generado una situación de violencia criminal endémica, así como miles de víctimas.

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, muchas de las promesas consignadas en las más de 300 páginas del Acuerdo se han convertido en palabras que se las ha llevado el viento. Una de las tantas promesas es la garantía y protección del derecho a la protesta social, desarrollado en el punto 2 del acuerdo sobre participación política.

La consulta del próximo 1 de agosto tiene como objetivo encaminar a garantizar la justicia y los derechos de las víctimas.

El miedo usado como una herramienta de control contra las familias y personas desplazadas provocaron un manejo sumamente hermético de los hechos por parte del Estado salvadoreño, manteniendo el caso bajo un manto de secretismo e impunidad.

La trata de personas es un tema de tal complejidad por su inmersión en contextos de violaciones graves a derechos humanos, que demanda cambios en las políticas de seguridad para afrontar la crisis de derechos humanos. Este cambio podría cimentarse sobre la creación de mecanismos extraordinarios como comisiones de la verdad.

El Plan Nacional de Acción para implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad tiene serias limitaciones para identificar que la violencia contra las mujeres no es un producto, sino un proceso, y que además el lente de género es insuficiente para “verlas”, pues desatiende otras dimensiones superpuestas. Es justo aquí donde es indispensable la labor de la sociedad civil.

La ausencia de OSC, reducir todo a capacitaciones y no asignar un presupuesto en el primer Plan Nacional de Acción mexicano de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es una muestra clara de la falta de compromiso por parte del gobierno para tratar el tema con la seriedad y profundidad que merece, sobre todo si se considera el incremento en la violencia hace más de una década y sus consecuencias para mujeres, niñas y personas LGBTQ.

Sin memoria, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son ilusorios. La memoria es una herramienta vital para “salir de la lógica del odio y el conflicto e iniciar procesos sólidos hacia una cultura de paz”.

Sin la participación de los familiares los nuevos mecanismos dedicados a satisfacer sus derechos no sólo carecerían legitimidad, sino que sería inexistentes.

Si la actual administración se encuentra verdaderamente comprometida en terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, tendrá que garantizar investigaciones robustas que den con los responsables, en especial con los que tienen la mayor responsabilidad.

Durante década y media los periodistas en México hemos tenido que aprender, a prueba y error, que hay muchas formas de cubrir la violencia que ha azotado al país y que cada una tiene efectos más allá de nuestro control.