Mariclaire Acosta

Texto publicado originalmente en Animal Político

México enfrenta una crisis de violencia e impunidad sin precedentes, resultado de la debilidad y captura de sus instituciones, especialmente las de seguridad y justicia, que han sido incapaces en las últimas dos décadas de afrontar los numerosos e intensos conflictos entre organizaciones criminales y de éstas con las autoridades del Estado.

Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su campaña un discurso de pacificación y reconciliación en el que destacaron las figuras de amnistía, perdón y desmovilización como elementos centrales de su política de seguridad. Algunos de sus colaboradores interpretaron estas figuras como componentes de una propuesta de justicia transicional (JT) para hacer frente al fenómeno descrito.

La visión que ha predominado en esta administración es la de apelar a la JT desde esta perspectiva, hasta ahora, sin mayor precisión. En materia de seguridad, la creación de una Guardia Nacional militarizada ha cobrado primacía sobre estas propuestas. Del otro lado, víctimas, organizaciones de derechos humanos y expertos hemos insistido en el imperativo de que la búsqueda y consecución de la verdad y la justicia por los hechos ocurridos no deben ser dejadas de lado si es que queremos transitar a una paz basada en el apego estricto a un estado democrático de derecho. El reclamo fue parcialmente atendido a través del relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda creado en la administración anterior; la creación de una comisión de investigación del caso Ayotzinapa con apoyo internacional; la inclusión de modelos de JT en el capítulo de seguridad del Plan Nacional de Desarrollo; así como posibles acciones para la verdad, justicia, reparación y garantías no-repetición dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos en elaboración.

Lo que es una realidad es que el sistema de justicia en su conjunto ha sido incapaz –tanto por falta de voluntad y autonomía como de capacidad y desbordamiento- de esclarecer los hechos y proveer castigo a los responsables de las diversas atrocidades ocurridas y de la corrupción sistémica. En las condiciones actuales, y después de observar las primeras acciones emprendidas por el gobierno actual, es difícil suponer que la tendencia será revertida. La violencia y la inseguridad no han sido atemperadas, y menos abatidas, y más bien continúan en ascenso.

La estrategia principal de seguridad del gobierno actual reside fundamentalmente en la creación de la Guardia Nacional, para lo cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagrando en ella la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública prevé diversas medidas, entre las cuales se encuentra la creación de un consejo de paz, de incierta conformación y sin mencionar sus funciones específicas.

En materia de reparación a víctimas, el modelo creado como resultado de la lucha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde 2011, diseñado para casos individuales con una visión asistencial y sin consideración del contexto de impunidad, es insuficiente para afrontar la masividad de necesidades y reclamos de las víctimas.

El Sistema Nacional de Búsqueda, resultado de las demandas de los numerosos colectivos de víctimas organizados en el país, es insuficiente para hacer frente a la situación de impunidad en el país dada su escasa capacidad tanto en cuestiones técnicas como humanas, así como financieras. Además, que su diseño federal obstaculiza su correcto funcionamiento.

Las iniciativas descritas dan cuenta de un reconocimiento incipiente de la grave problemática de violencia e impunidad que aflige a la población. Sin embargo, revelan escaso análisis respecto a su aplicabilidad en el contexto actual, y desde luego, sobre las garantías de no repetición que serían necesarias para revertir y transformar la situación. Se ha tratado de implementaciones parciales y de corto alcance para una agenda de JT que debiera ser profunda y comprehensiva.

¿Qué es la Justicia Transicional?

Surgida más como un producto de la práctica que como una innovación teórico-conceptual, la JT se refirió inicialmente a la identificación y descripción de patrones comunes en las políticas que estaban adoptando diversos países, principalmente en América Latina, para lidiar con los crímenes cometidos por los regímenes autoritarios, casi todos ellos militares, que los precedieron. Estas políticas se proponían resolver problemáticas no solamente de índole jurídica, sino también política y ética. Con el tiempo, estas prácticas se han institucionalizado y encontrado un asidero normativo fundamentalmente en el derecho internacional.

La JT, sus iniciativas y mecanismos, proveen un marco de análisis y vehículos institucionales confeccionados para lograr reconducir a las instituciones del Estado a condiciones ordinarias y funcionales. La JT se propone generar confianza ciudadana en las instituciones; reconocer a las víctimas como agentes de derecho en sí mismas; sentar bases para la reconciliación y construir estado de derecho. Esa es la empresa moral de la JT.

Hoy en día, la JT se concibe ya no sólo como una forma de justicia extraordinaria o excepcional, sino como una estrategia de justicia que responde a violaciones graves de derechos humanos cuando éstas alcanzan un grado de seriedad e intensidad sofocante, y los estados no cuentan con las instituciones para hacerles frente.

La JT provee entonces un marco de análisis para lidiar con estas violaciones masivas e identificar caminos para tratar las causas del conflicto, los catalizadores de la violencia estructural y la recuperación del estado de derecho.

¿Por qué la Justicia Transicional es aplicable en México?

La historia moderna da cuenta de intentos previos por implementar una política de JT en México. De hecho, el país vivió un proceso de transición democrática que aparentemente culminó en el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional que había ostentado el poder por 70 años, fue reemplazado por una oposición política por vías democráticas. En aquel momento se planteó la posibilidad de implementar mecanismos de justicia transicional para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos en donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Por distintas razones, todos esos esfuerzos fracasaron o tuvieron magros resultados. Entre ellos, se encuentran la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, entre otros.

Algunas investigaciones sostienen que la consecuencia de no haber implementado mecanismos robustos de JT en aquel entonces repercutiría en la crisis de derechos humanos que México enfrenta en la actualidad, toda vez que México no habría atravesado un auténtico proceso de verdad y justicia que evidenciara las prácticas autoritarias que prevalecían en sus instituciones, así como a los máximos responsables de las graves violaciones cometidas.

Ahora, los esfuerzos por implementar una política de JT resurgen en un contexto de crisis de violencia y derechos humanos sin precedentes. En un principio el Estado y la sociedad civil pretendieron hacer frente a esta crisis con las instituciones ordinarias de seguridad y justicia. Sin embargo, las instituciones, de suyo débiles e inoperantes, pronto se vieron superadas por una problemática creciente e incontenible. Así fue como distintos actores, incluyendo académicos, miembros de la sociedad civil, víctimas y organismos públicos de defensa de los derechos humanos, empezaron a analizar la idoneidad de implementar una política de JT en México.

Incluso, miembros de la nueva administración han reconocido la necesidad de buscar nuevas alternativas para hacer frente a esta crisis haciendo uso de la JT, de modo que sirva como un marco de análisis que permita enfrentar responsablemente las violaciones masivas que se han cometido y se continúan cometiendo, así como identificar caminos que permitan tratar las causas de la violencia.

De esta manera, la aplicación de la JT en México facilitaría la implementación asertiva de distintas medidas integrales que garanticen el ejercicio del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

¿Por qué México necesita un Think Tank especializado en Justicia Transicional?

En la coyuntura actual, se requiere más que nunca un actor que contribuya al debate con solidez técnica y perspectiva internacional, de qué hacer y cómo hacerlo para que el país enfrente un pasado y un presente de atrocidades y pueda construir instituciones robustas y funcionales.

El gobierno actual ha introducido el concepto de JT sin conocimiento sólido y sin un trabajo previo de concientización ni acompañamiento de los distintos actores sociales -las víctimas, en primer término- que deben respaldar estos procesos. Adicionalmente, existe un desconocimiento por parte de la sociedad en general, la prensa, de buena parte de las organizaciones y, más importante, de las propias víctimas, de los conceptos novedosos y complejos que involucra la JT.

Resulta fundamental contar con un espacio dinámico y multidisciplinario con personas expertas y especializadas en JT para el caso mexicano y, de manera transversal, que tenga experiencia en el trabajo en campo con víctimas, género y reparación a víctimas, así como experiencia en la función pública, conocimiento internacional y capacidad de articulación e interlocución. En suma, un Think Tank que sirva de puente con el gobierno, la academia, organizaciones de derechos humanos y víctimas, tanto de México como del extranjero. Al mismo tiempo que sea vaso comunicador entre los distintos actores de la sociedad.

La propuesta que aquí se construye pretende colmar este vacío.

¿Cuáles son las áreas generales de trabajo de JTMX?

Derivado del análisis del contexto actual, se advierten seis áreas de trabajo cruciales:

• Investigación y producción de documentos especializados en justicia transicional para el contexto mexicano.
• Memoria y verdad.
• Capacitación a diversos actores.
• Divulgación.
• Asistencia técnica.

Integrantes:
Mariclaire Acosta Urquidi, Jacobo Dayán, Daniela Malpica Neri, Jorge Peniche Baqueiro, Andrea Guadarrama, Eloísa González Hidalgo.                                                                                                        

Consejo consultivo:
Sergio Aguayo, Raúl Benítez, Louis Bickford, Pablo de Greiff, Lucía Díaz Genao, José Antonio Guevara, Ioan Grillo, Edna Jaime, Ximena Medellín, Daniel Moreno, Naomi Roht-Arriaza, Clara Sandoval, María Paula Saffon, Javier Sicilia, Guillermo Trejo, Luis Daniel Vázquez.