Daniela Malpica Neri
Texto publicado originalmente en Animal Político
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hablado constantemente sobre el tema de la pacificación del país. Sin embargo, a lo largo de este primer año de gobierno, no ha quedado claro qué es lo que entienden desde su gobierno como ruta de pacificación, proceso de paz o el llamado a la reconciliación nacional.
Ejemplo de lo anterior han sido los múltiples eventos, declaraciones y programas, todos ellos desarticulados entre sí, desde antes de tomar posesión. Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador inició su estrategia con los “Foros por la pacificación y reconciliación nacional”. A través de estos, se buscó llevar a cabo un diálogo con distintos actores de la población para conocer cómo es que se imaginaban una convivencia pacífica, y en donde podrían dar sugerencias, iniciativas y propuestas en la elaboración de un pacto de reconciliación nacional y en su cumplimiento.1 Además, indicaron que se haría una sistematización de estas propuestas para trazar la ruta del proceso de paz y que ésta incluiría como política nodal a la justicia transicional (JT) a través de sus cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No obstante, los foros fueron calificados por las mismas víctimas de violaciones graves y familiares de personas desaparecidas como un desastre.2 Asimismo, no hay rastro de que la sistematización de la consulta realizada se haya utilizado para la realización del Plan Nacional de Desarrollo, ni del Plan Nacional de Seguridad, y a pesar de que ambos mencionan el uso de mecanismos de justicia transicional y la conformación de un Consejo de Construcción de la Paz, no es previsible ni la implementación de un proceso de JT, el cual – señalaron – sería la política central del proceso de paz y reconciliación, ni del Consejo.
Ahora bien, el Consejo de Construcción de la Paz, de acuerdo al Plan Nacional de Paz y Seguridad, sería una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz; buscando articular las iniciativas gubernamentales en esta materia, promoverá estudios y propuestas sobre los vínculos de paz y la justicia, el desarrollo y los derechos humanos; formaría mediadores y asumiría la mediación de conflictos locales. Además, sería la encargada de revisar los resultados de los Foros escucha para dar seguimiento a las peticiones y propuestas más necesarias y viables, entre otros. Este consejo estaría conformado por 6 personas por invitación presidencial. Tres en representación de instituciones públicas y tres en representación de la sociedad. Contaría con una unidad, secretaría ejecutiva y secretaría técnica, un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con voz pero sin voto) y un observador designado por la Organización de las Naciones Unidas. Este consejo no se ha vuelto a mencionar por parte de la presente administración.
Por otro lado, el presidente declaró como un elemento necesario para la pacificación la creación de la Guardia Nacional –llegándola a comparar con los cascos azules de las Naciones Unidas–. Un nuevo cuerpo de “orden civil”, pero que se encuentra compuesta en su mayoría por elementos del ejército, la marina y la policía federal, en lo que se llevan a cabo las labores de reclutamiento. Para que esto fuera posible, se realizó una reforma constitucional para su incorporación a las tareas de seguridad pública. No obstante, no sería la primera administración en cometer el error de utilizar la militarización o Guardia Nacional al creer que será la mano dura la que consiga disminuir los niveles de violencias de nuestro país. Sobre este tema se han desarrollado ya algunos estudios que correlacionan el incremento de la violencia y las violaciones de derechos humanos con el inicio de la llamada “guerra con el narcotráfico” en el 2006.3 Hasta el día de hoy, las masacres, desapariciones, extorsiones y las demás violencias que aquejan el país no han disminuido ni parece ser una tendencia reversible en el corto plazo.
Por otro lado, a través de mensajes de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de la Subsecretaría de Gobierno a cargo de Ricardo Peralta, se fueron anunciado pláticas y acciones a realizar con grupos armados de autodefensa en los estados de Michoacán y Tamaulipas para la pacificación del país que, entre otras cosas, incluía la generación de 100 mil empleos a cambio su desarme.4 Para ello, se anunció un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, y, de acuerdo con el antiguo líder de autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, serían éstas las que darían seguridad a las empresas que inviertan en La Huacana, Michoacán, y en el estado de Tamaulipas.5 Ambas iniciativas, sin embargo, fueron desmentidas categóricamente por la presidencia de la República. A pesar del desmentido, queda la duda de si se está llevando a cabo este acuerdo y alianza con los grupos de autodefensa, si se está cediendo la tarea de seguridad pública a grupos armados y si se entiende la complejidad de las dinámicas y orígenes de las distintas violencias.
En el caso de Michoacán, en el Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto6, publicado en el año 2015 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se puede apreciar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en dicha entidad y que las causas de la violencia, así como su solución, son multifactoriales. La presencia de la Guardia Nacional o la generación de empleos con seguridad otorgada por autodefensas, no darán solución a problemas como niñas y niños “soldado”, la precarización de la educación en la entidad, la violencia de género como arma de guerra que existe en la entidad entre los diversos grupos armados (adicional a la violencia que sufren las mujeres cotidianamente), a la debida investigación y persecución de los delitos, las personas desaparecidas, ejecutadas, ni a la identificación y reparación de las víctimas, entre muchas otras. En el Informe se recabaron 2858 testimonios, entre víctimas, pobladores, personas pertenecientes a los grupos de autodefensa y autoridades de los tres niveles de gobierno, entre otras, como un ejercicio a la verdad colectiva y para poder comprender el fenómeno en la entidad; dar recomendaciones para su solución, y evitar que las atrocidades se siguieran cometiendo. No obstante, sigue siendo una realidad que azota a la entidad.
Otro caso es el de Nayarit, entidad sobre la que se dieron a conocer dos reportajes7, en los cuales se da cuenta de la colusión del exgobernador Roberto Sandoval y su exfiscal Edgar Veytia –sentenciado recientemente en los Estados Unidos a una condena de 20 años por cargos de narcotráfico8– para extorsionar a la población civil y despojarla de terrenos y propiedades. La negativa a cumplir con dichas extorsiones terminaba en ejecuciones, desapariciones y violencia sexual contra las mujeres de las familias afectadas. Dinámicas semejantes a las ocurridas en Michoacán. De acuerdo con uno de estos reportajes, esto quedó asentado en una Comisión de la Verdad ciudadana.
En conclusión, la estrategia de pacificación sigue sin ser clara y sin atender a las causas y contextos específicos de cada entidad federativa, y no comprende mecanismos de justicia transicional como se ha anunciado repetidamente por parte de la presente administración. Lo que es rescatable de los ejercicios narrados en Michoacán y Nayarit es que las personas afectadas están listas para contar dichas atrocidades y delitos ante esfuerzos ciudadanos o de organismos autónomos. Esto refleja la necesidad de contar con mecanismos extraordinarios en México que nos ayuden a acercarnos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y encontrar y atender las causas estructurales de la violencia para pacificar al país.
1 Sitio web para la construcción de la paz y reconciliación nacional, disponible aquí.
2 Reportaje sobre los foros escucha, publicado en la revista proceso, disponible aquí.
3 Alejandro Madrazo Lajous et al, “La ‘guerra contra las drogas’ Análisis de los combates de las fuerzas públicas 2006-2011”, Política y Gobierno, Volumen XXV, número 2, II semestre de 2018, Ciudad de México, pp. 379-402; Laura Atuesta, “Un análisis de la evolución del crimen organizado en México a través de los narcomensajes”, Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas, Monitor 20, Aguascalientes, México, 2016; Dale Walton (ed), “Armed Conflict Survey 2017”, International Institute for Strategic Studies, Londres, Gran Bretaña, 2017; Annyssa Bellal and Julie Lambin, “THE WAR REPORT: ARMED CONFLICTS IN 2017”, The Geneva Academy of Internacional Humanitarian Law and Human Rights. Ginebra, Suiza, 2018
6 Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto disponible aquí.
7 El primero de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, disponible aquí, y el segundo de El País, disponible acá.
