La violencia que aqueja al país alcanzó -desde hace mucho años- niveles alarmantes. En el contexto de la “guerra contra las drogas” se habla de más de 200,000 mil personas víctimas de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, más de 40,000 personas desaparecidas, miles de personas que han sufrido tortura, más de 326,000 personas y familias desplazas para huir de la violencia, cifras que visibilizan que estos delitos se cometen de manera sistemática y generalizada en todo el país por personas pertenecientes a la delincuencia organizada, autoridades de los tres niveles de gobierno y/o en colusión. Esta situación ha sido señalada por varios mecanismos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, informes de organizaciones nacionales e internacionales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desde luego, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La saña y la crueldad con la que se cometen estos delitos son también un claro distintivo del calibre de la violencia que sufrimos las y los mexicanos en este contexto. Lo anterior ha generado que diversos reportes especializados consideren que nuestro país atraviesa por un conflicto armado no internacional2. Si bien la entrada de México en esta clasificación aun es controvertida, de continuar con esta tendencia –lo cual es probable– es posible que muy pronto nos encontremos oficialmente dentro de ésta.

Esto podría traer consecuencias jurídicas a nivel internacional, como serían la imposición de sanciones económicas, la intervención de mecanismos internacionales y un contexto en el que el impacto económico de estas consecuencias sería aún mayor, pues las inversiones también se verán afectadas. No sólo es poco atractivo para las y los inversionistas un país que se encuentra en conflicto por la inestabilidad que esto genera; también empieza a gestarse regulación por parte de otros países o de la Unión Europea que estrictamente prohíbe que se realicen inversiones bajo estas condiciones y que pudiesen alimentar los conflictos armados al interior del territorio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la facultad de imponer sanciones económicas cuando considere que existe una amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o acto de agresión.3 Este organismo internacional ha determinado declarar sanciones económicas por amenazas a la paz relativas a países concretos en conflicto con otros estados o con conflictos internos de dimensión regional o subregional, e incluso la proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras –como podría ser el caso de la guerra contra las drogas-4. Las sanciones que hasta ahora ha impuesto el Consejo de Seguridad han abarcado amplias sanciones económicas y comerciales hasta medidas más focalizadas, como los embargos de armas, prohibición de viajes y restricciones financieras o de determinados productos.

Un ejemplo de esto fue la sanción económica impuesta a Haití por el Consejo de Seguridad, en la que consideraron que no se cumplían los acuerdos para la transición política del gobierno, y además, que el conflicto generaba una crisis humanitaria de refugiados que ponía en riesgo la seguridad en la región5. En el caso de Sudán, por incumplimiento de los acuerdos de paz, y debido a los constantes ataques que generaban –entre otras cosas– violaciones graves de derechos humanos a la población civil6. Aún nos encontramos en un escenario lejano a que esto suceda en México, pero debemos prevenir que la espiral de violencia nos sumerja en situaciones que requieran situaciones extremas.

En este sentido, si bien México no ha recibido sanciones de este tipo por parte del Consejo de Seguridad; no obstante, no debemos olvidar el reciente caso en el que una compañía alemana -Heckler & Koch- recibió una multa de 3.7 millones de Euros por la venta ilegal de armas a México, pues dentro de la legislación alemana existen restricciones económicas -como la venta de armas- en los estados que se encuentran en conflicto. Para la nación germana Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero ya son consideradas entidades en conflicto. Heckler & Koch vendió armas al ejército mexicano y éstas terminaron involucradas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, lo que motivó la sanción.7

Aunado a lo anterior, el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional -la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo a través del financiamiento de inversiones, la movilización de capitales en los mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a empresas y gobiernos- cuenta con estrictos estándares ambientales y de sustentabilidad social al realizar proyectos de inversión, entre los que se encuentra el impacto que éstas pueden tener en la salud y seguridad de las comunidades donde se desarrollan. Este estándar incluye las condiciones de seguridad de los estados que se encuentran en conflicto o post-conflicto, y cómo es que las empresas e inversiones pueden exacerbar el conflicto, por lo que busca prevenir que esto suceda o que la protección de las personas y bienes materiales del proyecto sean resguardados respetando los derechos humanos. Existen ejemplos en los que estándares como éste no se siguieron y las empresas -al buscar protección- financiaron a grupos privados o armados involucrados en un conflicto, como fue el caso de la empresa Chiquita Banana en Colombia,8 en la que 14 empresarios de esta firma han sido llevados a juicio por financiar a un grupo paramilitar a cambio de protección.

Esto comienza a suceder en el caso mexicano. En Guerrero se ha denunciado que diversos grupos de la delincuencia organizada controlan la zona minera conocida como “Cinturón de oro”. La cadena de extorsión es similar a las narradas anteriormente. Aunado a esto, existen conflictos con las comunidades de la zona por la actividad extractivista. En 2017 dos defensores de la tierra fueron asesinados por un grupo armado. En la zona ahora existe una “policía comunitaria” –un grupo armado– que de acuerdo con los lugareños no son de la región, sino que se trata de un grupo armado de seguridad financiado por la mina para apaciguar a las personas inconformes.9 Esto no sólo exacerba el conflicto en la región, sino que vuelve complicado poder distinguir si los grupos armados que ejecutan a defensores de la tierra pertenecen a la delincuencia organizada o son parte de los grupos que protegen las minas.

En este sentido, el monopolio de la seguridad a mano de grupos armados aparentemente se promovió por parte de la Secretaría de Gobernación de la presente administración. Una de las estrategias de pacificación ante la ola de violencia ha sido que los grupos de autodefensa proveyeran seguridad a diversas empresas para generar empleos en Michoacán y Tamapulipas.10 Si bien se han desmentido dichas acciones de gobierno, no existe certeza de que este acuerdo no se encuentre vigente y que la seguridad en dichas entidades realmente se encuentre a cargo de las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno. En dicha entidad la violencia sigue y las autodefensas permanecen armadas.

Como se puede analizar de experiencias internacionales y los ejemplos ya narrados en México, el monopolio de la seguridad por parte de grupos armados – llámense autodefensa, paramilitares o incluso los de la delincuencia organizada, que prometen seguridad a cambio de una cuota – exacerba la violencia en el país, y daña de manera irreparable la paz, la actividad económica y, desde luego, el estado de derecho.

En el caso del incremento de aranceles, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ya ha amenazado al gobierno de México en diversas ocasiones con subir aranceles y con cerrar la frontera no solo por el tema de migración, sino para frenar el ingreso de drogas a nuestro país vecino.11 Esto se encuentra relacionado precisamente con la “guerra contra las drogas” y el conflicto y violencia que ha desatado en los últimos años. Para evitar darle un pretexto al Presidente Trump para imponer aranceles por este tema, es prioritario que iniciemos procesos de pacificación y justicia transicional que incluyan- entre otros – un cambio de paradigma en la política de drogas actual.

iii) Las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de paz

Para las Organización de las Naciones Unidas, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es conseguir la paz, la justicia e instituciones sólidas. Este organismo internacional considera que la violencia armada y la inseguridad tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país, que afecta al crecimiento económico y que suele provocar agravios persistentes entre las comunidades. Además, la violencia afecta la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños, así como a su capacidad para prosperar, y provoca traumas y debilita la inclusión social.

Ante esto, una empresa y actor del sector privado puede tener un impacto positivo en la construcción de una paz positiva y duradera. Esto, porque tiene la posibilidad de aportar mediante la creación de condiciones socioeconómicas, socioambientales y sociopolíticas pacíficas, justas e inclusivas. Todas las acciones de una empresa deben de evitar causar algún daño, y deben de priorizar la construcción de confianza y solución pacífica de diferencias de estar atentas a la acción sin daño en sus áreas de influencia, y fomentar relaciones de confianza y solución pacífica de diferencias con los distintos actores con los que interactúa (privado, público y social).12

En este sentido, las empresas e inversionistas deben considerar que para salir de la espiral de violencia en la que el país se ha visto sumergido, el gobierno debe de reconocer las causas estructurales de la violencia y las dinámicas que existen hoy en día en cada uno de los estados. Las personas y las empresas en las que laboran han sido víctimas de la violencia. Los mecanismos de justicia transicional permiten conocer qué sucedió y proponer soluciones para desarticular esta violencia, dar atención a los cientos de miles de víctimas -que cada día aumentan- reparar el daño, y promover los cambios necesarios para garantizar que esto no se vuelva a repetir. Para las Naciones Unidas, las empresas e inversionistas deben de interesarse por la actuación del gobierno, concientizarse sobre la realidad de la violencia y sobre la importancia de construir sociedades pacíficas y justas. En el contexto mexicano, iniciar un proceso de justicia transicional es el camino para la construir la paz

1 Disponible aquí.

2 BELLAL Annyssa and Julie LAMBIN, “THE WAR REPORT: ARMED CONFLICTS IN 2017”, The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Ginebra, 2018.

3 Esto de conformidad con el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, disponible aquí.

4 Qué son las sanciones, para mayor información aquí y aquí.

5 Disponible aquí.

6 Disponible aquí.

7 Disponible aquí.

8 Disponible aquí.

9 De acuerdo a un nota del periódico Reforma, publicado el 14 de abril de 2019, “Explota crimen minita de oro”, escrito por Jesús Guerrero.

10 Disponible aquí, consultada la última vez el 14 de agosto de 2019 y acá.

11 Disponible aquí.

12 Fundación Ideas para la Paz. Disponible aquí.