Daniela Malpica y Jorge Peniche
Texto publicado originalmente en Animal Político
Durante el mes de octubre pasado el gobierno de Chile anunció un incremento en la tarifa del metro de la ciudad de Santiago. Esto desencadenó una serie de pequeñas protestas que iniciaron con grupos de estudiantes saltándose unos torniquetes y que fueron generando empatía en la sociedad chilena hasta culminar el 25 de octubre en la #MarchaMásGrande.
El incremento al costo del metro fue la gota que derramó el vaso. Tras la dictadura de Pinochet, Chile “fue recurrentemente señalado como un caso de éxito político y económico”.1 No obstante, para Gabriel Negretto, si bien en Chile se logró aumentar el ingreso per cápita y la pobreza cayó por debajo del 10%, se ha gobernado con una constitución que impedía realizar cambios profundos al modelo económico de mercado que estableció la dictadura, mismo que ha generado una desigualdad en la distribución en el ingreso. Esto, sumado a la aplicación desigual de la ley contra quienes poseen poder económico y político y a la ausencia de brindar atención a las demandas ciudadanas a través de vías institucionales y pacíficas, puesto que ya existían protestas en 2007 por la deficiencia en el transporte público, y en 2011 y 2013 para que la educación fuese más equitativa.2 Como bien sabemos, la desigualdad no es solo monetaria, sino también implica la exclusión de ser parte de la vida pública y de la toma de decisiones.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver la #MarchaMásGrande con la justicia transicional? Para muchos, la última vez que se vio una marcha o movilización así en Chile fue en la Marcha del No antes del plebiscito de 1988 por el que se destituyó a Augusto Pinochet.3 Vale la pena recordar brevemente este proceso.
La historia es conocida. Chile vivió un quiebre democrático en 1973. Tras tres años en el poder, el presidente Salvador Allende –de orientación marcadamente socialista y quien había sido elegido de forma democrática- fue asesinado el 11 de septiembre de 1973. Estos hechos son conocidos como el “Asalto al Palacio de la Moneda”. Pinochet instauró una dictadura militar que se prolongó hasta 1990. Las violaciones de los derechos humanos ahí cometidas no guardan precedente en la historia chilena por su carácter masivo y sistemático, su gravedad y prolongación.
Es interesante cómo los regímenes tratan de dar ropajes de legitimidad a la violencia institucionalizada. Primero, los institutos armados (a través de la Junta de Gobierno) asumieron el poder ejecutivo, el legislativo y el propio constituyente. A los pocos días, se declaró el “estado de sitio por conmoción interna”.5 Imperaría así la tesis del “enemigo interno” como aval para justificar atropellos y atrocidades a todo aquél que se calificara como opositor del sistema que trataba de construirse. Esta tesis marcaría a toda una sociedad y generaciones de hoy día.
Las cifras oficiales de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) contabilizaron más de 3,000 personas desaparecidas y ejecutadas y cerca de 28,000 torturadas a lo largo de este período.
En 1988 Pinochet perdió el Plebiscito –el afamado No- y en 1990 una coalición de partidos obtuvo la victoria en las urnas. La primera pregunta central con la que lidió el nuevo gobierno fue cómo hacer frente al pasado de atrocidades sufridas, teniendo en consideración, particularmente, la Ley de (auto) Amnistía que había sido decretada en 1978.6
Aunque un análisis a detalle de la política de justicia transicional chilena sobrepasa el objeto de este artículo, hay ciertas notas duras que vale la pena destacar:
I. Reconocimiento y construcción de narrativas
El Estado Chileno realizó un esfuerzo ambicioso, no exento de críticas y análisis desde luego, para hacer frente a lo vivido. En 1990 se creó la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación (CNVR) integrada tanto por opositoras como partidarias al régimen pinochetista. El informe de la CNVR (1991) entregó una tarea titánica de explicación de la violencia y documentación de más de 3,000 casos.
Esto también ha pasado por entender que los procesos transicionales no son lineales o un “todo o nada” en sus primeros pasos y que la lucha contra la impunidad abre gradualmente nuevas brechas. En 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) para abarcar el boquete de hechos no cubiertos por la Comisión Rettig: la tortura y privación ilegal de la libertad. El Informe Valech I fue complementado en 2011 por el Informe Valech II.
II. Reparaciones amplias
Los esfuerzos de verdad chilenos sentaron también precedente al esposarlos con innovadoras medidas de reparación. Chile ha implementado una auténtica política de reparaciones para las víctimas de la dictadura que abarca (a) distintos tipos de víctimas y (b) acuña medidas variadas.7
En 2010 abrió sus puertas el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el cual tiene su origen en las recomendaciones del Informe Rettig, y pretende visibilizar las violaciones cometidas en ese período, dignificar a las víctimas y estimular la reflexión y el debate, para que tales hechos nunca más se repitan.8
Dos acotaciones deben añadirse:
Primero, la justicia en la forma de juicios penales ha sido una asignatura, en esencia, pendiente. Sin embargo, la detención de Pinochet en Londres en octubre de 1998 producto de una orden de detención internacional librada desde España por la comisión de tortura en Chile (en contra de ciudadanos chilenos y españoles) utilizando la figura de la jurisdicción universal para reputar competencia a los tribunales españoles llenó de bríos al movimiento en contra de la lucha de la impunidad y la justicia internacional.
En este emblemático caso no puede dejar de destacarse la importancia del litigio estratégico y el activismo, así como la articulación de esfuerzos nacionales e internacionales –actores como Reed Brody9 o Joan Garcés,10 por ejemplo- para dar cauce a la resistencia de las víctimas. Pinochet nunca fue juzgado, pero murió sujeto a varias investigaciones bajo arresto domiciliario.
Segundo, el rol de la sociedad civil durante el régimen y en el proceso transicional. Coordinadas en mucho por la célebre “Vicaría de la Solidaridad”, la sociedad civil organizada combatió la tendencia formalista del régimen de simular que existían cauces legales y tribunales plenamente funcionando para tratar “supuestas violaciones” -un clásico aquí no pasa nada- mediante una (a) documentación extensiva de hechos violatorios de derechos humanos y (b) el uso estratégico de las cortes; quizá no para obtener victorias pero sí para generar evidencia para futuros casos así como frenar hechos de desaparición.11
Ahora bien, existen diferencias de organización y liderazgos en oposición a la época de la dictadura. Para Martín Hopenahyn, este es un movimiento sin liderazgos, voceros, representantes o interlocutores con ninguna de las instituciones del Estado. De protestas pacíficas viene la destrucción de infraestructura y grupos que saquean supermercados, en donde “se mezcla todo: anarcos, vándalos, encapuchados, narcos, gente que llega tranquilamente en autos y camiones a llevarse lo que encuentran”.12 No obstante el presidente Piñera declara –rodeado de militares– el 20 de octubre que “ en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar violencia sin ningún límite… conscientes de que tienen un grado de organización y logística propia de una organización criminal… están en guerra contra todos los chilenos que quieren vivir en democracia”13 –enfatizando los hechos violentos y no las múltiples manifestaciones pacíficas, recordando de esta manera el discurso de la dictadura de Pinochet. Existe un nuevo enemigo interno.
La sociedad chilena, al día de hoy, sigue en la calle, sumando ya 26 jornadas de movilizaciones y una huelga nacional. Hopenhayn agrega: “quienes enfrentan cara a cara a soldados y policía son jóvenes. No tienen miedo… Nunca conocieron una dictadura y tienen otra conciencia de sus derechos… La sociedad sabe que si se pasa de rosca en reprimir, la crisis de legitimidad se vuelve irreversible”.14 Hoy, se cuentan 23 muertos, más de 2,500 personas heridas y más de 180 personas con lesiones en los ojos por disparo directo con balas de goma y perdigones a la parte superior del cuerpo por parte de las fuerzas de seguridad, lo que ha resultado en 60% de las personas heridas con disminución del ojo y casi el 30% con pérdida total, violando acuerdos internacionales sobre el uso de la fuerza y armas no letales.15
Si bien los jóvenes de hoy no “vivieron” la dictadura, sus madres, padres y abuelos sí; los ejercicios de memoria en Chile son considerables. A la #MarchaMásGrande salieron personas mayores, jóvenes y niños. Saben bien que la represión de las luchas sociales por la igualdad nunca más debe volver a repetirse; saben bien lo que está en juego.
Los procesos transicionales duran décadas y la sociedad chilena enfrenta el reto de crear una nueva constitución16 –asignatura que tenían pendiente desde el término de la dictadura– así como reformas económicas y de programas sociales para combatir la desigualdad. La justicia transicional –en su evolución– incluye hoy en día el derecho al desarrollo como parte de una política holística para prevenir el resurgimiento de conflicto.
Por último, el gobierno de Chile del presidente Piñera tendrá que desmarcarse de los abusos militares del pasado, dando paso a la rendición de cuentas e investigando y sancionando en toda la cadena de mando las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la protesta #MarchaMásGrande. Chile es hoy el vivo ejemplo del legítimo grito de “Nunca Más” a un gobierno desigual y represor.
* Daniela Malpica Neri (@danielamalpican) es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derechos Humanos con enfoque en justicia transicional por la Universidad de Essex, y fundadora de Justicia Transicional en México – JTMX. Jorge Peniche Baqueiro (@jorgepeniche6) es maestro en derecho internacional con enfoque en teoría del derecho y usticia transicional por la Universidad de Nueva York (NYU), y fundador de Justicia Transicional en México – JTMX.
1 Negretto, G. 2019. Desigualdad, ciudadanía sin voz y disidencia social en América Latina para Nexos, disponible aquí.
2 Ídem.
4 Nash, C. (2016). La transición chilena y justicia transicional. Análisis crítico.
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Decreto Ley No 5 del 22 de septiembre de 1973.
6 Esta ley concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin hacer una distinción entre los delitos comunes y aquellos cometidos con motivación política
7 Se incluyen, por ejemplo, a familiares de víctimas desaparecidas, personas despedidas por motivos políticos, personas que participaron en la reforma de tenencia de la tierra, exiliados y víctimas de tortura. Las medidas incluyen pensiones, servicios sociales, beneficios educativos y de salud, reconocimiento público, sitios de memoria, etc. Véase: Lira, E. The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile (2006) en The Handbook of Reparations, De Greiff, P. (coord.)
8 Sitio del Museo, disponible aquí.
9 Entrevista a Reed Brody, consejero de Human Rights Watch: “El caso Pinochet en Londres”.
10 Entrevista a Joan Garcés, ex asesor de Salvador Allende: “Como testigo de un crimen masivo, debía evitar la impunidad”.
11 Collins, C. (2010) Post-transitional Justice. Human Rights Trials in El Chile and El Salvador.
12 Hopenhaym, M. 2019 para Nexos, disponible aquí.
13 Montes, R. “Piñera, tras las protestas que han dejado al menos 13 muertos: “Estamos en guerra” para El País, disponible aquí.
14 Hopenhaym, M. 2019 para Nexos, disponible aquí.
Smink, V. 2019, Protestas en Chile: la “epidemia” de lesiones oculares que ponen en entredicho al gobierno de Piñera para la BBC, disponible aquí.
