Texto publicado originalmente en Animal Político
El pasado 6 de enero, durante su conferencia diaria, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó por la agenda de justicia transicional. Al respecto, el presidente delegó la respuesta a la Secretaría de Gobernación, la que más tarde presentaría un nuevo informe con datos sobre personas desaparecidas y respecto a un proceso de justicia transicional en México. Entre otras cosas, la Secretaria de Gobernación manifestó que todos los días, todas las acciones y todas las políticas públicas que realizan en esa dependencia son justicia transicional.
Desde Justicia Transicional en México hicimos algunas observaciones sobre estas declaraciones en nuestra entrada la semana pasada y decidimos analizar en entregas subsecuentes las políticas públicas que –para la Secretaría de Gobernación– son consideradas justicia transicional.
En este sentido, se mencionaron 7 distintas acciones, instituciones y/o mecanismos dependientes de dicha Secretaría, a saber: 1. Sistema Nacional de Búsqueda, incluyendo la Comisión Nacional, las comisiones locales y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; 2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 3. La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; 4. El mecanismos de protección a defensores y periodistas; 5. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 6. La ley de amnistía, y 7. Los excarcelados
En esta segunda entrega, analizaremos brevemente los números 1 al 3: el Sistema Nacional de Búsqueda, Comisiones locales y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
- Sistema Nacional de Búsqueda, incluyendo a la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense
La creación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y las correspondientes comisiones estatales, así como la reciente adopción del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para los más de 36 mil cadáveres de personas que esperan ser identificadas, efectivamente son mecanismos extraordinarios tradicionalmente utilizados en procesos de justicia transicional.
Así, se reconoce el trabajo realizado con las víctimas de personas desaparecidas, el aceptar la crisis humanitaria que más de 61,708 personas que continúan desaparecidas representa, y el establecimiento de 29 comisiones locales de búsqueda. Cabe destacar que buena parte de la identificación de fosas es realizado por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Desde JTMX seguiremos de cerca la labor realizada por el Sistema, la Comisión y comisiones locales, siendo respetuosos del trabajo que involucra a las familias, colectivos y organizaciones con las que trabajan y les representan.
No obstante, la justicia transicional, en sus cuatro pilares, cuenta con mecanismos extraordinarios que deben aplicarse de manera holística y que deberían trabajar de la mano con el Sistema Nacional de Búsqueda, como lo sería una comisión de la verdad nacional y un mecanismo de justicia ad hoc, un sistema verdaderamente nacional de reparación a víctimas, y la implementación clara de cambios institucionales, sociales y culturales conocidos como garantías de no repetición. Ninguno de estos mecanismos está siendo desarrollado a la fecha, por lo que urgimos a la Secretaría de Gobernación a retomar la propuesta ciudadana para tener un punto de partida en la construcción de los mecanismos –con supervisión internacional– que el país requiere.
Sobre las cifras presentadas por la Secretaría de Gobernación, observamos que más de la mitad de las fiscalías o procuradurías locales faltan en completar o dar información, por lo que los números dados a conocer son parciales. Aunado a lo anterior, se han encontrado en el último año 873 fosas, logrando identificar solo a 395 personas, sin informar si estas identificaciones fueron de los cadáveres de las 36 mil personas que esperaban ser identificadas o si forman parte de los hallazgos de este año. A ese ritmo, la identificación de todos los cuerpos tomaría alrededor de 88 años.
La identificación, hasta el momento, de 395 personas representa el 0.64 % del universo de 61,637 personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas. Se desconoce cuántas podrían estar muertas y cuántas aún con vida. Al total de personas desaparecidas habría que sumar 5,123 que fueron encontradas sin vida. El total de personas desaparecidas, a falta de la información de un buen número de fiscalías, sobrepasa las 66 mil.1
Por último, como ya señaló la organización Data Cívica, no se proporcionó la metodología o los microdatos utilizados para llegar a estas cifras. Para abonar a la verdad y al escrutinio de la sociedad civil, propio de una sociedad democrática pujante, estos deben ser públicos. Nos unimos a su llamado de hacer esta información pública.
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada y reformulada institucionalmente en administraciones pasadas. Nació debido a la mala atención a las víctimas del delito y –sobre todo– de graves violaciones de derechos humanos. Ya se vislumbraba la masividad de la tragedia del caso mexicano. No obstante, se creó una comisión que ha sido modificada sustancialmente en sus 7 años de vida, y que dio lugar a un sistema en donde las otras piezas claves, las comisiones locales –de las cuales solo 20 estados tienen la comisión estatal instalada– claramente no funciona.
Aunado a lo anterior, tampoco cuenta con un sistema administrativo de reparación a víctimas que permita agilizar y hacer eficiente el derecho a la reparación ante la masividad del número de víctimas.
En un proceso transicional se articulan para tal efecto distintos estándares y medidas para reparar el daño a las víctimas atendiendo al contexto masivo de las violaciones graves a los derechos humanos. Además, son sistemas holísticos y de carácter nacional, que trabajan con la identificación de las víctimas de un conflicto o de violaciones específicas mediante mecanismos de verdad y de justicia. Esto simplemente no existe en nuestro país.
- La comisión de la verdad del caso Ayotzinapa
La comisión de la verdad creada por la presente administración para el caso concreto de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa es un hito a destacar. Celebramos, además, la reciente reincorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa a los trabajos de la comisión, que sientan un precedente para un mecanismo internacional eventual trabajando en México para resolver graves violaciones de derechos humanos.
Para la satisfacción del acceso a la verdad y justicia de los 43 jóvenes desaparecidos y sus familias, debe reconocerse el esfuerzo en su búsqueda y la investigación y castigo a los responsables, respetando el trabajo que realizan junto con organismos internacionales y las organizaciones que les representan.
Si bien es un gran avance que no debe ser soslayado, sobre todo, comparado con lo realizado por la administración anterior, debe precisarse que se trata de una comisión de investigación para un caso específico, puesto que su alcance se limita únicamente a esta situación en concreto.
Para hacer frente a sus obligaciones internacionales y capturar la totalidad de la crisis humanitaria que vive nuestro país, no sería viable replicar este modelo o diseño para cada caso, ni siquiera si se tomaran solo los llamados casos emblemáticos. México requiere un gran mecanismo de verdad que no sea exclusivo a casos particulares. En esencia, se trata de un modelo poco funcional para lograr las transformaciones que el país necesita. Deben incluirse el resto de violaciones graves de derechos humanos que se cometen diariamente en nuestro país. Solo por mencionar algunas:
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Desapariciones.
- Tortura.
- Violencia de género en contexto de conflicto.
- Niñas y niños reclutados como soldados por grupos armados.
- Desplazamiento interno forzado.
- Trata de personas.
- Extorsión a cadenas completas de producción, perjudicando la economía y patrimonio de miles de personas.
Ninguno de los mecanismos analizados hasta ahora, ni de las acciones emprendidas por el gobierno, contempla encontrar la verdad y mucho menos proveer mecanismos para acceder a la investigación y persecución de los responsables –tanto de los grupos de la delincuencia organizada como de las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno– que se han visto involucradas en hechos de este tipo. Un país que trata de enterrar a sus fantasmas es un país que tarde o temprano regresa a ellos.
En conclusión, si bien es cierto que se han implementado estos tres mecanismos utilizados en otras experiencias de justicia transicional, ellos no funcionan por sí solos, sino que están diseñados a la par de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Es como pensar que las piezas sueltas de un motor, cuando no son puestas a trabajar en conjunto, pueden de todas formas funcionar.
En la siguiente entrega, analizaremos la política de amnistías, de excarcelación, el Mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
1 SEGOB
