Daniela Malpica Neri
Texto publicado originalmente en Animal Político
El 24 de febrero de 2013, en la comunidad de La Ruana, tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista, y seguidamente en el municipio de Tepalcatepec, ambos en el estado de Michoacán, se conformaron grupos de autodefensa ante el hartazgo por la inseguridad y las violencias que viven en sus comunidades; lograron tener presencia en 33 de los 113 municipios del estado1.
La espiral de violencia imperante ha sido posible debido a que el grupo armado dominante -en esos años “Los Caballeros Templarios”- actuaban impunemente, y las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron omisas en su obligación de cumplir con garantizar la seguridad pública. Escribo en presente, porque a pesar de haber sido un conflicto que aparentemente “terminó”, las violencias persisten en esa entidad, existen grupos de autodefensa que no han dejado las armas, y porque esta realidad es tan solo un reflejo de lo que acontece y se ha replicado en otros estados.
De acuerdo con el Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos2, en el que se recabaron 2,858 testimonios, las y los habitantes de este estado señalaron que llevan años sufriendo violencia, pero ésta se recrudeció en el 2006, y alcanzó un pico en 2011 y 2012. Estos años coinciden con el inicio de la militarización en México por parte del expresidente Felipe Calderón. Como en la gran mayoría de los conflictos, el grupo más afectado fue la población civil, que sufría por los ataques entre los grupos armados, de éstos con autoridades de los tres niveles de gobierno, y con los grupos de autodefensas. Las personas entrevistadas relataron secuestros, desapariciones, ejecuciones, violencia sexual y extorsiones que llegaron al grado de afectar el precio de productos de básicos, entre otros; la gran mayoría de estos delitos no fueron investigados ni sancionados.
Para mejor comprender lo acontecido en ese estado, imaginemos un municipio en el que la mayoría de las personas vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema3, en el que la autoridad desde hace muchos años no es el gobierno federal, el estatal ni el municipal, sino el grupo de la delincuencia organizada en turno: un auténtico vacío institucional. Ahora bien, esta autoridad de facto ha tomado control político y económico de la región. En el ámbito político, se tiene conocimiento de que los grupos armados designan a quiénes ocuparán las presidencias municipales, y de no ser así, los ejecutan impunemente. Ejemplo de esto lo encontramos durante el trabajo de campo realizado por la CNDH para el informe mencionado, en el que después de entrevistar en diciembre de 2013 a la regidora del municipio de Buenavista –María Mariscal Magaña, quién tenía cuatro meses de embarazo- y manifestar que existían cosas muy turbias de las que no podía hablar, salió al municipio de Apatzingán y fue desaparecida4. Asimismo, en las últimas elecciones, fueron asesinados Alejandro Chávez, Zavala, candidato a alcalde de Taretán5; Fernando Ángeles Juárez, en Ocampo; Omar Gómez Lucatero, Aguililla6. Por otro lado, Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán en el periodo del conflicto, contendió por la alcaldía de Morelia bajo la Coalición del PES y Morena, a pesar de que su Secretario de Gobierno –y gobernador interino durante su licencia por incapacidad– Jesús Reyna, y su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber”, fueron captados en videos con el líder de Los Caballeros Templarios y detenidos por delincuencia organizada7.
En el ámbito económico, se cobraba extorsión en toda la cadena de producción de muchas de las industrias y giros. No hubo quien se salvara. Tomemos la industria del limón como ejemplo. La delincuencia organizada cobraba extorsiones a los dueños de los terrenos limoneros, a los transportistas, e incluso a los piscadores de limón, quienes viven al día de lo que puedan recoger, actividad por la cual ganaban un sueldo poco digno. Lo mismo pasó con taxistas, obligados a dar servicios gratis y a dar el pitazo de la presencia de autoridades; en las funerarias, el personal era obligado a otorgar ataúdes para sepultar personas sin la documentación necesaria y de manera gratuita, o en el sector minero, donde las personas dueñas fueron despojadas y las y los trabajadores obligados a seguir prestando sus servicios. Esto también sucedió con productores de maíz, agropecuarios, aguacateros, minas, programas sociales, entre otros.8. El castigo para las personas que se negaban a pagar eran actos de tortura, ejecuciones, desapariciones y, en el caso de las mujeres – quienes fueron utilizadas como arma de guerra – violencia sexual. El control económico llegó a ser tal, que incluso en algunas de las escuelas que visitó la CNDH se documentó que obligaban a las personas de la dirección a utilizar el programa “Tiempo Completo” para su beneficio, obligándolos a comprar a los proveedores que ellos señalaban los insumos alimenticios del programa9. Aún más grave fue lo señalado por los niños soldado trabajando para los grupos de autodefensa del municipio de Múgica10, quienes manifestaron que se unieron al movimiento porque estaban hartos de que Los Caballeros Templarios les cobraran una extorsión de 10 pesos diarios para dejarlos ingresar a la escuela a estudiar y donde les daban un ingreso de 1500 pesos mensuales11. El negocio de las drogas dejó de ser su único ingreso y motivación para mantener el control de una región.
Asimismo, ante la ausencia del Estado, se convirtieron en jueces para desempeñar la función de administrar justicia; ellos son el sistema de justicia. Si alguien lastima a una persona, la violenta o considera que fue agraviada, muchas personas acudían a ellos para buscar que su contraparte fuera castigada, pues a Los Caballeros Templarios nadie se atreve a desobedecerlos.
La violencia en Michoacán es cíclica, existiendo cambios en función a qué grupo se encuentra en el poder. Solo por mencionar algunos: “Los Zetas”; “La Familia Michoacana”, que originalmente surge y consigue el apoyo de ciertos sectores de la población prometiendo protegerlos de los abusos de “Los Zetas”, pero terminan siendo un grupo igual o peor de sanguinario contra la población civil. Posteriormente, surgen “Los Caballeros Templarios” que prometen a la población defenderlos de La Familia. Ante esto, surgen los grupos de autodefensa para liberarlos de la delincuencia organizada ante el abandono y colusión las autoridades para verse infiltradas por “los volteados” o “perdonados”, quienes pertenecían a Los Templarios, pero se unieron a las autodefensas. Al final, quedó un monstruo de mil cabezas12 dividido entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, y lo que sobrevivió de Los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. El Estado y su obligación de dar seguridad permanece ausente y la población civil en igual o en peores condiciones. El ciclo de la violencia se repite.
Ante esto, una persona podría pensar que el ejército o la guardia nacional es la única respuesta en una entidad en la que el Estado dejó de existir hace muchos años. No obstante, militarizar ha sido la estrategia de seguridad que se ha implementado desde el 2006. Con el llamado “Operativo Conjunto Michoacán” en la tierra del expresidente Calderón, dio inicio la “guerra contra las drogas” en la que el objetivo era abatir al enemigo, pues son “animales venenosos”, como expresó recientemente el propio Calderón13. No obstante, la situación es mucho más compleja de lo que imaginamos.
Sucede que en los municipios, en las comunidades, las personas saben quiénes son los miembros de la delincuencia, quiénes cobran extorsión, quiénes son policías municipales, federales o militares, quiénes están coludidos, a qué funcionario extorsionan, y probablemente quién dio la orden de llevárselos a sus familiares cuando se negaron o no pudieron pagar una extorsión. Sabían, por ejemplo, que el Nazario Moreno “El Chayo” –fundador de Los Caballeros Templarios- estaba vivo y no había muerto en un operativo en 2010, como lo presumió la administración de Calderón. Nadie les creyó. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, se confirmó esta información pues identificaron su cuerpo dentro de los abatidos durante un operativo14.
En este sentido, muchas personas saben que su agresor es el sobrino de su comadre, su primo, su hermano, su hija, o esa persona a la que le dio clases de catecismo cuando era pequeña. Probablemente todos van a misa los domingos. No sólo eso, sino que a veces, son los grupos armados quienes – ocupando el lugar del Estado – dotan de bienes básicos como medicamentos, útiles escolares y comida en sus municipios, y si hay un desastre natural son en ocasiones los primeros en ayudar a la población.
Ante una dinámica social de este tipo, el sistema de justicia ordinario como lo conocemos no es suficiente, capaz y, probablemente, no sea el adecuado para acercarse a la verdad y a la justicia en estos contextos.
Sí, se han cometido atrocidades; sí, merecen una sanción; sí, las víctimas merecen conocer la verdad, recuperar la dignidad de poder vivir sin miedo, conocer el paradero de sus familiares, recibir una reparación, pero también debemos reconocer que muchas personas que pueden tener un papel de víctima- victimario pueden tener lazos socio-afectivos con muchas de las personas que, por falta de oportunidades, pobreza, cooptación desde la infancia, entre muchas otras razones, terminaron involucrados en los grupos de la delincuencia organizada, autodefensas o de seguridad, en los que todos han cometido atrocidades. Aplicar el sistema de justicia ordinario, punitivo, sin programas reales de reinserción, y que además no cuenta con autonomía e independencia -muchas autoridades están coludidas o amenazadas-, capacidades económicas, técnicas y humanas, ni con la confianza ciudadana para realizar las investigaciones, no sería lo más conveniente y terminaría de romper el ya de por sí frágil tejido social.
En cambio, un proceso de justicia transicional con mecanismos extraordinarios supervisados por organismos internacionales –puesto que no conocemos a fondo las redes de macro-criminalidad y colusión y es una salvaguarda para romper con los pactos de impunidad y corrupción que permean al Estado mexicano- podría darnos luz sobre cómo debemos empezar a reconstruir nuestras instituciones, el estado de derecho, y sobre todo, la confianza de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Una comisión de la verdad nos permitiría poder escuchar a las víctimas, conocer todas las atrocidades que se han cometido; saber quiénes han sido los actores, cuánto tiempo han durado las atrocidades, quiénes son agentes de cambio para la construcción de paz, cuáles son las causas socioeconómicas que nos dejaron descender a esta tragedia, entre otros factores.
Lo anterior permitiría instaurar un sistema de justicia ad hoc, es decir de acuerdo a nuestro contexto, en donde se juzgue a los máximos responsables de la tragedia y a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos, y en el que el resto de las personas perpetradoras de violencia puedan confesar las atrocidades cometidas, colaborar con la localización de personas desaparecidas, y llevar su sentencia sin necesidad de ser completamente desarraigados de la comunidad a la que pertenecen y a la que deberán regresar una vez cumplida la pena. En algunos casos, en el marco de un proceso de justicia transicional se han llevado a cabo procesos de reconciliación comunitaria y de justicia restaurativa para quienes así lo deciden –el perdón nunca es obligatorio. Todo esto permitiría conocer un estimado real de la cantidad de víctimas que hay en este país, y establecer un programa de reparaciones masivas. Finalmente, nos permitiría conocer de manera general las causas estructurales y sistémicas que permitieron que llegáramos a la violencia de hoy para poder entonces realizar los cambios legales, institucionales, sociales y culturales que necesitamos para que esto no vuelva a suceder mañana.
Conocer la realidad del contexto michoacano nos permite conocer la profundidad de la caverna y observar la oscuridad a la que hemos descendido ante la ausencia y colusión del Estado con la delincuencia organizada y el abandono social. La justicia transicional es un destello de luz a la distancia que permite iluminar una ruta o un camino de salida, que sin duda será largo, que visibilice como prioridad nacional el horror que han vivido las víctimas, comenzar a contener nuestras violencias, construir paz, reconstruir el estado de derecho, romper los pactos de impunidad y prevenir que estas atrocidades nunca más vuelvan a ocurrir.
* Daniela Malpica Neri @danielamalpican es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derechos Humanos con enfoque en justicia transicional por la Universidad de Essex, y fundadora de @JTenMexico.
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, 2015, disponible aquí.
2 Ídem
3 De acuerdo al Coneval, para 2018, el 46% de la población en Michoacán vivía en condiciones de pobreza y 6% en pobreza extrema. Datos disponibles aquí.
8 Supra 1, pp. 33, 249 – 255.
9 Supra 1, pp. 254
10 De acuerdo a las Naciones Unidas, todas las personas menores de 18 años son consideradas como niños.
11 Supra 1, pp. 263