Juliana Laguna y Ely Cossio
Texto publicado originalmente en Animal Político
¿Qué está pasando en Colombia?
Desde el pasado 28 de abril diferentes sectores sociales en Colombia salieron a las calles a marchar contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, a dos meses y medio de iniciado el estallido social, las protestas continúan y las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública y civiles armados siguen en aumento. A pesar de que la reforma tributaria fue el catalizador de la movilización social desde abril, las reivindicaciones de los y las colombianas incluyen el incumplimiento del gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz, la falta de protección a la labor y la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, la falta de oportunidades laborales y educativas, y el reiterado abuso por parte de la fuerza pública, entre otras razones.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de violencia y abuso policial, desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y oculares, entre otras violaciones.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el marco de las protestas sociales, y reiteró las obligaciones del Estado colombiano de investigar con debida diligencia todos los casos, identificar y sancionar a los responsables, así como reparar a sus víctimas.2
El pasado 7 y 8 de junio, la CIDH realizó una visita de trabajo en el país en la que recibió información y testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos, se reunió con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros representantes de sectores afectados por la protesta. Las recomendaciones de la CIDH al gobierno colombiano son claras y contundentes: i) promover un proceso nacional de dialogo con enfoque territorial y participación de diversos sectores de la sociedad; ii) garantizar la independencia de los poderes públicos y entes de control; iii) proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, y iv) garantizar la vida y la integridad personal.3
¿Qué tiene que ver la justicia transicional con la protesta social en Colombia?
Luego de más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC-EP, el Acuerdo de Paz firmado entre este grupo y el gobierno colombiano supuso un avance hacia la construcción de paz, al poner fin a la confrontación armada más larga en la región con el grupo guerrillero más grande del país. El Acuerdo incluye seis puntos claves con reformas estructurales que buscan contribuir a solucionar las causas históricas y estructurales del conflicto, así como a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en los territorios, y posiciona a las víctimas y la satisfacción de sus derechos en el centro por medio del punto 5 sobre Víctimas del Conflicto, el cual crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.4
En este contexto de transición, el Acuerdo de Paz se convierte en una herramienta clave para buscar una salida a la actual crisis que atraviesa el país. En efecto, el Acuerdo contiene provisiones específicas de garantías de no repetición y regulación de la protesta pacífica que deben ser consideradas por el gobierno a la hora de promover reformas.
Movilización y protesta social en el Acuerdo de Paz
A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, muchas de las promesas consignadas en las más de 300 páginas del Acuerdo se han convertido en palabras que se las ha llevado el viento. Una de las tantas promesas es la garantía y protección del derecho a la protesta social, desarrollado en el punto 2 del acuerdo sobre participación política.
El Acuerdo establece que para la construcción de una paz estable y duradera se requiere la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular, en la implementación del Acuerdo. En consecuencia, el punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz desarrolla las garantías para la movilización y la protesta pacífica, tales como la revisión del marco normativo para fortalecer las garantías para la movilización y la protesta social, la aplicación y el respeto por los derechos humanos en el ejercicio de la protesta, el fortalecimiento de la vigilancia y control de las autoridades policiales y de los medios utilizados por estas para el tratamiento de la protesta, garantías de diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, entre otras.
A pesar de que desde enero de este año se expidió el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica” (Decreto 003 de 2021), las denuncias por violencia policial en el marco de las protestas demuestran que su aplicación no ha sido efectiva ni tenida en cuenta. Además, los compromisos derivados del punto 2 del Acuerdo de Paz sobre revisar el marco normativo y fortalecer las garantías para proteger el derecho fundamental a la protesta social no han sido tenidos en cuenta por el gobierno actual y por el Congreso Nacional, quien tiene la competencia para expedir una ley para ello. Sumado a ello, y contrario a lo establecido en el Acuerdo de Paz y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno realizó recientemente nuevas modificaciones al Decreto 003 de 2021 para limitar la definición de protesta social, restringiendo así el ejercicio del derecho.5
Otras promesas incumplidas: más razones para seguir en las calles
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, alrededor de 13,000 combatientes de las FARC-EP dejaron las armas y se acogieron a los compromisos derivados del Acuerdo. Desde el 2016 hasta abril de 2021, 270 excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz habían sido asesinados.6 Las causas de los asesinatos son múltiples y complejas, pero se conectan principalmente por la falta de implementación del Acuerdo de Paz y el sostenimiento de las garantías de seguridad en esa labor.
La falta de voluntad política frente a la implementación del Acuerdo es evidente y en el marco de las protestas sociales se ha intensificado. No sólo no se han tomado medidas para frenar el asesinato de líderes sociales y excombatientes que esperan el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno, sino que no se han tramitado reformas indispensables para seguir con este proceso de implementación. Uno de los puntos clave del Acuerdo de Paz es la creación de una especialidad agraria en la administración de justicia que buscaría darle celeridad a la resolución de los conflictos agrarios. El proyecto de ley único presentado por el gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz en esta legislatura tuvo poco acompañamiento por parte del gobierno. Y no solo eso, el gobierno habría presionado a que el presidente del Senado no agendara el proyecto en el orden del día para discutirlo en plenaria.7
El accionar del gobierno es dificiente frente a su compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz. Ello a su vez sigue alimentando el descontento social y aumentando aún más el riesgo para los y las excombatientes que se comprometieron a cumplir el Acuerdo.
Una mirada al futuro
Los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo de Paz pueden jugar un rol crucial en el marco de las movilizaciones sociales. En particular, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), cuyo mandato termina a finales de 2021, ofrece oportunidades para robustecer el marco normativo de la protesta social y para la transformación de la fuerza pública. La Comisión, en su informe final, puede hacer recomendaciones al gobierno para atender las demandas de la sociedad, entre las que se incluyen, la reforma a la fuerza pública y el desarrollo social a través de la oferta de servicios de salud, vivienda, educación como medidas que promueven la convivencia y la no repetición.
Durante décadas, el sonido de los fusiles no dejó escuchar la voz de descontento de los y las colombianos y colombianas. A más de dos meses y medio del inicio de las protestas sociales, las condiciones que hicieron posible la movilización y su persistencia siguen latentes. Una de éstas siendo el clamor por la implementación del Acuerdo de Paz. La protesta social se ha convertido en una plataforma de ejercicio de la ciudadanía en el contexto de una democracia participativa. Por lo tanto, es necesario que la garantía de este derecho y de los derechos de los y las manifestantes sea la regla, y no la excepción en una sociedad democrática. La represión de la protesta social por parte del gobierno, los abusos policiales y los ataques en contra de los y las protestantes no solo son una arremetida en contra de la democracia, sino también en contra del Acuerdo de Paz, de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana; quienes tienen la esperanza de que el Acuerdo contribuya a la construcción de una paz estable y a la reducción de la pobreza y las desigualdades en el territorio.
* Juliana Laguna (@lagunat_juliana) es estudiante de la Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Antes trabajó como Abogada de Staff en Women’s Link Worldwide. Ely Cossio (@ely_cossio) es estudiante de la Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Antes trabajó como consultora en derechos humanos en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
1 Temblores ONG. Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional. 2 de junio de 2021, disponible aquí.
2 CIDH. “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”. 25 de mayo de 2021. Disponible aquí.
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones y recomendaciones: visita de trabajo a Colombia. Página 41. Junio de 2021. Disponible aquí.
4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Disponible aquí.
5 DW. Colombia: Gobierno cambia decreto para castigar bloqueos de vías. 19 de junio de 2021. Disponible aquí.
6 Agenda A.A. “En Colombia han sido asesinados 270 excombatientes de las Farc desde el Acuerdo de Paz”. 23 de abril de 2021. Disponible aquí.
7 La Silla Vacía. “El gobierno le pidió a Char que hundiera la Especialidad Agraria del Acuerdo de Paz”. 22 de junio de 2021. Disponible aquí.
