Washington, D.C. – A nueve años de los graves hechos de violencia del 26 y 27 de septiembre de 2014 que dieron lugar a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún no se ha logrado conocer el paradero de los jóvenes desaparecidos, esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables. La CIDH reafirma su compromiso con las víctimas y su búsqueda de justicia.
Hace 9 años, la CIDH activó todos sus mecanismos disponibles para impulsar la búsqueda de los estudiantes. La primera decisión fue adoptar la medida cautelar MC-409/14 para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», la atención de los estudiantes sobrevivientes de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 y la adopción de las medidas concertadas con las familias y representantes para la atención de los hechos. Posteriormente, gracias al diálogo entre la CIDH y el Estado mexicano, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para brindar asistencia técnica y coadyuvancia a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. El GIEI culminó sus actividades el 31 de julio de 2023 y entregó el último informe el 3 de agosto pasado.
En 2016, la CIDH también creó el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa (MESA) que a la fecha ha emitido tres informes de seguimiento con sus respectivas recomendaciones. Asimismo, ha convocado a audiencias públicas del caso y sostenido decenas de reuniones con autoridades del Estado mexicano, las familias de las víctimas y sus representantes.
La CIDH reconoce que los esfuerzos realizados por México durante la presente administración, en particular para la creación e implementación de un modelo institucional con el objeto de reorientar la atención del caso Ayotzinapa. Es relevante recordar la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), así como la apertura al escrutinio internacional mediante la instalación de un equipo del MESA en territorio mexicano, y la reactivación del GIEI.
En cuanto a los avances de la investigación y sanción de los responsables, la CIDH valoró positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de dos estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, lo que se suma a la identificación genética previa de Alexander Mora Venancio en 2014. Asimismo, saludó la emisión de las órdenes de aprehensión que trascendieron el ámbito municipal o estatal, e incorporaron agentes de procuración de justicia y agentes militares.
Sin perjuicio de lo anterior, la CIDH tomó nota en su momento que algunas órdenes de aprehensión –que incluían a elementos militares– fueron retiradas por autoridades ministeriales ajenas a la UEILCA en 2022. No obstante, estas órdenes finalmente fueron confirmadas en 2023 y en la actualidad estarían siendo cumplidas. Al respecto, la CIDH llama la atención de las autoridades competentes a fin de asegurar la coherencia de la investigación y considerar las expectativas legítimas de las familias en la resolución de este caso. A su vez reafirma su recomendación sobre la obligación del Estado de realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento real y oportuno de todas las órdenes de aprehensión pendientes.
Por otra parte, la CIDH observa el cambio de medida cautelar (de prisión ordinaria a prisión domiciliaria) otorgada a un general del Ejército investigado. Este cambio fue calificado públicamente por la representación de las familias de los estudiantes como «inusual» bajo el argumento de que se trataría de un trato preferente por ser el beneficiario un integrante del Ejército.
La CIDH observa con preocupación que los avances se han ralentizado debido a la falta de entrega de información relevante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) –incluso yendo en contra de las órdenes presidenciales de entregar toda documentación relacionada con el caso– tal como ha sido reportado por el GIEI. Al respecto, la CIDH ha recomendado, en términos estructurales, la importancia de evaluar los mecanismos de determinación de participación y responsabilidad de agentes militares frente a la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos.
En tal sentido, si bien una orden judicial de septiembre de 2023 ordenó la entrega de estos documentos y prohibió su destrucción, la CIDH encuentra que el litigio para la preservación de las piezas documentales pudo evitarse con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación. La CIDH espera que dicha orden judicial sea acatada.
En el tercer informe del MESA, la CIDH recomendó al Estado establecer protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso. Ello supone que México adopte cambios y reformas en la estructura orgánica y funcional de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado, desde la más alta jerarquía. Estos cambios y reformas deben estar orientados a erradicar las prácticas de ocultamiento de información en la investigación y judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
La CIDH reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado «pacto de silencio», garantizando medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes, a través de confesiones voluntarias y legales de las personas. Asimismo, insta al poder judicial para establecer las responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad.
A nueve años de estos terribles hechos, la CIDH reitera su compromiso y apoyo inquebrantables a las víctimas y sus familias en su búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación; y continuará desplegando sus mandatos convencionales, para supervisar el progreso de las investigaciones y el cumplimiento de la medida cautelar 409/14.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Texto recuperado de: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/226.asp
