JTMX asistió en solidaridad a la conferencia de prensa organizada conjuntamente por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez tras revelarse en un reportaje de The Washington Post que la abogada Ana Lorena Delgadillo, la perito independiente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mimí Doretti, y la periodista Marcela Turati, fueron incluidas como indiciadas en la investigación de la PGR en el marco de las averiguaciones por la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2011.
Los hechos ocurridos en San Fernando son uno de los eventos más trágicos de los que se tiene registro en los ya quince años de la llamada “Guerra contra las Drogas”. 72 migrantes de diversos países que transitaban por México rumbo a Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados de manera simultánea en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Unos meses después, entre abril y mayo de 2011, se descubrieron 47 fosas en ese mismo pueblo en las que yacían clandestinamente los cuerpos de por lo menos 195 hombres y mujeres.
Tras una lucha de 7 años para acceder al expediente que tuvo que culminar en la Suprema Corte, la FJEDD se percató de que su propia Directora Ejecutiva, Ana Lorena Delgadillo, acompañante de las víctimas de estos hechos y quien ha litigado para reclamar sus derechos a la verdad y a la justicia, había sido incluida por la extinta PGR entre las personas indiciadas en la investigación. También fueron incluidas la antropóloga Mimí Doretti, del EAAF, quien brindaba asistencia técnica en las labores de identificación y la periodista Marcela Turati, quien había dado cobertura a estos eventos. Entre 2015 y 2016, tres fueron intervenidas con base en la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
Además de sumarse al llamado enérgico a la ahora FGR para cesar la criminalización sobre estas personas y pedir el esclarecimiento de la situación, nos solidarizamos con el tema que este lamentable evento pone de manifiesto: los desafíos y riesgos críticos que enfrentan las víctimas, defensores y periodistas que se atreven a cuestionar el pacto de impunidad y reclamar verdad y justicia en este país.
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