Daniela Malpica Neri
Texto publicado originalmente en Animal Político
En la estrategia para iniciar el proceso de paz de la presente administración se ha hablado de varios conceptos como amnistías, comisiones de la verdad, reconciliación, mecanismo contra la impunidad y justicia transicional (JT). He revisado algunos de estos conceptos en distintos textos.1 En ellos definimos que los mecanismos de JT son herramientas para ayudar a sociedades que tradicionalmente se encuentran en conflicto armado o bajo un régimen opresor, a lidiar con un legado de violaciones masivas y graves a los derechos humanos, transitar a la paz, la reconciliación, la democracia y a reestablecer el estado de derecho. Estos mecanismos deben de tener en el centro a las víctimas.
Por lo general, la opinión pública ha considerado que estos temas son solamente de interés para las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué debería interesarles a los líderes en el sector empresarial, inversionistas -nacionales y extranjeros- y empresarios en general, la implementación de mecanismos de justicia transicional en México? Esta es la pregunta que trataré de responder a continuación.
Para ello, este artículo se dividirá en dos entregas. En la primera, abordaré el siguiente tema: i) la violencia y las graves violaciones a derechos humanos tienen un impacto directo en las empresas. En la segunda, los temas de las ii) restricciones a la inversión y sanciones económicas a México y iii) el papel fundamental que tienen las empresas en la construcción de paz.
I ) La violencia y las graves violaciones a derechos humanos tienen un impacto directo en las empresas
La crisis de violencia, las violaciones graves y masivas de derechos humanos y la corrupción en nuestro país se han incrementado en una espiral en los últimos 12 años. Estas tienen un impacto directo en las empresas en el momento en que sus trabajadores, actividades y producción, comienzan a correr riesgo.
La violencia en México no ha discriminado entre clases sociales ni entre pequeñas o grandes empresas, más bien ha tomado por asalto a todas las personas que trabajan en la cadena de producción de distintas industrias. A pesar del probable impacto diferenciado, la realidad es que nadie se salva. Ejemplo de ello es la violencia y extorsión que se documentó en el Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) en 2015,2 en el que se da fe de las afectaciones patrimoniales que sufrieron las empresas en dicha entidad federativa.
Tan sólo por mencionar algunos de los cientos de testimonios recolectados, en los que manifestaron que debido al pago de cuotas o a que tenían que prestar sus servicios de manera forzada (sin un pago) a grupos de la delincuencia organizada, muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios. Entre los productores de limón se documentó que “Los Caballeros Templarios” – entonces el cartel dominante en dicho estado – logró fijar el precio por kilo en la región de manera unilateral comprando a unos y vetando a otros, y restringiendo los días que podían realizar transacciones. La violencia económica llego al extremo en que incluso decidían los días en que podían acudir las y los cortadores de limón a trabajar. Éstas son personas que viven “al día” del dinero que ganaban en dicha actividad y esto tenía una afectación directa en su vida y la de sus familias. De acuerdo con el informe referido, esta cadena de extorsión se repitió con otros artículos de la canasta básica – como es el caso de la tortilla – y productos como la carne.
Aunado a lo anterior, se documentó cómo lograron utilizar fondos destinados a programas sociales para su beneficio, obligando a las personas encargadas de administrarlos a contratar a determinados proveedores. La consecuencia de no cumplir con dichas extorsiones o condiciones era que las personas o sus familiares se convertían en blanco de atentados contra su vida o su integridad física como la desaparición, tortura, violación sexual, secuestro, mutilaciones e incluso homicidio, delitos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y en contextos de conflicto armado violaciones de lesa humanidad.
La situación documentada en Michoacán seguramente es tan sólo un reflejo de las violencias que posiblemente se viven a nivel nacional – cada estado con sus particularidades-. Muestra de ello es el reportaje “Cierran empresas por la inseguridad”3 y el “Sondeo de Seguridad Empresarial 2018” realizado por la American Chamber México,4 en donde señalan que sólo en la primera mitad del 2018 el 6.1% de las empresas en nuestro país suspendió totalmente sus operaciones. En los últimos 2 años, fueron 14.2% las que suspendieron actividades. De éstas, 57.1% cerraron en Tamaulipas, 35.7% Guerrero y 25% en Michoacán. Empresas de la talla de Pepsi-co,5 Bimbo6, Lala7, y Ford8 han suspendido – algunas temporalmente – sus operaciones en Guerrero, Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente. El informe también reveló que el ataque a la cadena de suministro fue el principal delito que sufrieron, seguido de extorsión virtual.
Este año, en Celaya, Guanajuato, algunas de las personas dueñas de pequeñas empresas como tortillerías se negaron a seguir siendo víctimas de extorsión y realizaron una manifestación para exigir medidas de seguridad. Ese mismo día, tres de las mujeres que laboraran en las tortillerías fueron ejecutadas dentro de una de éstas. En Acapulco, Guerrero, choferes de taxi realizaron una manifestación para protestar por las extorsiones a su gremio. Por la noche fueron atacados a balazos seis sitios de taxi y varios vehículos fueron quemados.9
En este sentido, el Sondeo de Seguridad Empresarial indicó también que los rubros de mayor preocupación para las empresas son la integridad y seguridad para las personas empleadas y sus familias (51.6%), seguido por la seguridad de la información (36%), seguridad en el transporte de carga (35.7%), el impacto por la delincuencia (35.3%), y la seguridad física de las instalaciones (34.1%). Atribuyen esto al fortalecimiento del crimen organizado (71.2%), al aumento en delitos de oportunidad (69.5%), la ausencia del estado de derecho/impunidad (49.2%) y a la corrupción de autoridades en general (37.3%).
Esto tiene repercusiones a nivel nacional, pues de acuerdo al Índice de Paz México 2019,10 el impacto económico de la violencia durante 2018 alcanzó los 5.16 billones de pesos, esto representa el 24% del PIB del país. Es entonces innegable que existe una clara relación entre la situación de violencia e impunidad que atraviesa México y su desempeño económico y percepción de “respeto al estado de derecho” – un indicador que se analiza al momento de invertir en un país.
Lo anterior significa que es de primordial interés para el sector empresarial la generación de seguridad y la reconstrucción del estado de derecho en México, condiciones básicas para el desarrollo de un país. Esto requiere – inevitablemente – un combate frontal a la impunidad. Dadas las condiciones actuales de nuestro país, el número de víctimas y de violaciones graves de derechos humanos, así como los casos de corrupción, el Estado mexicano no cuenta au con los recursos económicos, técnicos y humanos, y en muchas ocasiones, tampoco cuenta con la voluntad política para responder a la crisis en que nos encontramos. La justicia transicional cuenta con mecanismos extraordinarios que – sin abandonar el fortalecimiento de las instituciones nacionales como parte fundamental de las garantías de no repetición – buscan acercar a las víctimas y a la sociedad a la verdad, la justicia, la reparación y a prevenir que estas atrocidades se vuelvan a cometer, y tiene como objetivo, la reconstrucción del estado de derecho así como la reconciliación nacional con sus instituciones. El impulso de un proceso transicional es tarea de todos los sectores, y hoy más que nunca, es necesario que nos unamos a exigir una solución con supervisión internacional a nuestra crisis.
1 Revisar los siguientes textos: amnistías, mecanismos de justicia transicional para México, y porqué invitar al Papá Francisco
2 “Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 12 de noviembre de 2015, disponible aquí.
3 “Cierran Empresas por la Inseguridad”, Frida Andrade, periódico Reforma, 1 de noviembre de 2018.
4 “Sondeo de Seguridad Empresarial 2018”, American Chamber México, disponible aquí.
10 Índice de Paz de México 2019: Identificar y medir los factores que impulsan la paz, Sídney, abril de 2019. Disponible aquí.
