Jorge Peniche
Texto publicado originalmente en Animal Político
No es normal, diría el activista Jacobo Dayán. En Culiacán, el Cártel de Sinaloa desplegó un operativo de alta coordinación y poder de fuego el 17 de octubre para impedir la captura de Ovidio Guzmán. Las imágenes, desgarradoras, parecen más las que emanan de zonas de conflicto como Siria o Yemen. Unos días después, el 6 de noviembre, 17 miembros de la familia Lebarón fueron emboscados en Bavispe, Sonora, por un comando de más de doce personas, con el saldo de nueve muertos; siete menores incluidos. Se habla de “narcoterrorismo” o un “narcoestado”; el 27 de noviembre el presidente de los Estados Unidos anunció que solicitaría que cuatro organizaciones criminales en México sean declaradas como organizaciones terroristas en su país.
Desde Irapuato llegan reportes del reclutamiento de 23 menores que fueron tomados por la fuerza por un grupo armado que irrumpió en un centro para el tratamiento de adicciones; se habla de “leva” de la delincuencia organizada –mano de obra necesaria para continuar con sus operaciones. La historia parece propia del reclutamiento forzado de menores para usarlos activamente en las hostilidades– los niños de la guerra; el crimen de guerra por el que, en 2012, Tomas Lubanga fue condenado a 14 años de prisión por la Corte Penal Internacional por la situación en República Democrática del Congo.
Todo esto, tan solo en los últimos dos meses del total de sesenta meses que ha durado la “Guerra contra la Delincuencia Organizada”, desde que Felipe Calderón lanzara el “Operativo Conjunto Michoacán” en diciembre de 2013. En términos objetivos, el 3.33% de lo que ha durado el “conflicto”, si es que podemos llamarle así.
A ello se suman los relatos periodísticos que empiezan a descubrir el horror de forma más articulada:
(i) El escalofriante “regreso del infierno mexicano: los desparecidos que están vivos”, de Alejandra Guillén y Diego Petersen, narra eventos de trabajo forzado para los carteles que evocan historias de campos de concentración ¿El lugar? Jalisco, que no Alemania.
(ii) “El Juicio del Siglo”, de Alejandra Ibarra, cuenta, entrañablemente desde la primera fila, el reto que implica el armado de un caso complejo bajo la teoría de la “empresa criminal conjunta” para condenar a Joaquín Guzmán por diversos crímenes en una lejana corte en Nueva York.
Ello, no hace más que interpelarnos íntimamente acerca de si tenemos en México las capacidades para construir casos bajo estas formas de autoría, base de las acusaciones que se generan en tribunales penales internacionales para condenar a los más responsables por la comisión de atrocidades en lugares como Camboya, Sierra Leona, Yugoslavia, etc. – aquéllos que no necesariamente estuvieron presentes en los hechos delictivos pero tuvieron, en esencia, “control” sobre ellos.
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El siguiente acto lo conocemos, lo escuchamos diario: “se apersonaron elementos de la Fiscalía al lugar de los hechos a realizar las diligencias correspondientes”. A ello, seguirá la apertura de una carpeta de investigación y, después, la nada. La frivolidad que deja la impunidad en su ruta.
En todos estos eventos subyace una interrogante central: ¿entendemos nuestra violencia? ¿Bajo que concepto o categoría la definimos? En palabras llanas, se trata de una constante de lo que he escuchado en diversas partes del país, ¿alguien puede explicar lo que estamos viviendo?
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentada en mayo de 2019 y comprendida de ocho objetivos torales,1 anota estas cuestiones medulares en sus 9 páginas de diagnóstico sobre el país de la siguiente manera:2
(a) Persistencia. Se reconoce que nuestro país enfrenta “niveles históricos de criminalidad” y se encuentra “entre los países más inseguros del mundo.”
(b) Transversalidad. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia.
(c) Extensión. No se trata solo de la delincuencia organizada; la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común.
(d) Conflación de violencias. La situación entremezcla los conceptos de seguridad pública, interior y nacional.
(e) Factor estatal. Las atrocidades no pueden ocurrir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que ofrezcan un margen de protección e impunidad. Es el peso de la corrupción. De hecho, se asigna a la corrupción la razón primaria del descontrol, crecimiento e imposibilidad de contrarrestar o contener a la delincuencia organizada.
(f) Factor social. También se reconoce que la pobreza, la marginación y la falta de acceso a las oportunidades son “base del auge delictivo”.
(g) Etapa de emergencia. Se caracteriza a la situación como una “emergencia” en materia de seguridad.
La lectura, notoriamente superficial, falla en nombrar lo que se vive; en caracterizar nuestra(s) violencia(s) y conceptualizarlas. Al desconocimiento que genera le sigue la impotencia.
Falko Ernst, Senior Adviser del International Crisis Group,3 anotaba frente a las manifestaciones de la Secretaria de Gobernación sobre que no podía hablarse en México de “narco terrorismo” sino que los confines tradicionales de criminalidad bastaban para entender nuestra violencia, que ninguno de los términos “Guerra contra las Drogas”, “Narco-terrorismo”, “Conflicto Armado No- Internacional” (NIAC por sus siglas en inglés) podía capturar completamente el conflicto mexicano. Necesitamos una nomenclatura compartida, señaló.
Y es que se ha sostenido que aplican al caso mexicano, al menos, tres regímenes de Derecho Internacional: el de combate a la delincuencia organizada, el de combate al terrorismo y el del derecho internacional humanitario.
Por ejemplo, el Proyecto del Estado de Derecho para los Conflictos Armados (RULAC por sus siglas en inglés) de The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights sostiene que el gobierno mexicano, por la intensidad de la violencia y la organización del grupo armado, se encuentra involucrado en un conflicto interno con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, el libro “Seguridad Humana y Violencia Crónica en México”4 un esfuerzo de colaboración entre distintas instituciones académicas nacionales e internacionales, asume el reto de comprender las dinámicas de las violencias -en plural- de México partiendo de la premisa de (a) analizar el legado del autoritarismo o la fragilidad que emana del conflicto en el surgimiento de otras formas de violencia en la región y (b) incorporar las historias de activismo y organización comunitaria como respuesta a problemas complejos de violencia.
El libro captura con atino que lo que más aterroriza a la gente es el desorden y el caos, en especial a los habitantes de las zonas más pobres donde la violencia parece inevitable.
Hemos perdido también de vista el uso del derecho como instrumento de pacificación de los conflictos sociales y el acceso a la justicia, no para pocos, sino para todos. Algo en lo que la Doctora Ana Laura Magaloni reparó, en su entrañable comparecencia ante el Senado como postulada a la Suprema Corte, para recordarnos el tamaño del reto histórico en México.5
Lo que es una realidad es que el conflicto en el siglo XXI ha evolucionado. El Banco Mundial ha anotado en su reporte Conflict, Security and Development (2011) que, si bien ha habido cierto éxito en atemperar el dominio de las guerras mundiales, los conflictos civiles e ideológicos, característicos del siglo XX, la inseguridad prevalece hoy día y se erige como un reto para el desarrollo. Sin embargo, ella provendría de otras fuentes de violencia.
Nuevas tendencias, entre ellas, la delincuencia organizada a larga escala y el conflicto emanado de la inequidad y la miseria, poco a poco rebasan a nuestro entendimiento “tradicional” de la guerra. Estos países conglomeran al 46% de las personas que viven en pobreza extrema.6
Todo lo dicho simplemente palidece ante el sufrimiento y la desolación que evocan los rostros en las imágenes que vemos día a día; de población común, de jóvenes presos de la delincuencia empleados como carne de cañón; de niñas y niños calcinados, de periodistas y defensores de derechos humanos, de muchas y muchos otros. Son los rostros de la(s) violencia(s) mexicana(s) y también ante ellas, hay que decirlo, de historias de dignidad y de resistencia; de la necesidad de llamar a la acción.
Así, la Justicia Transicional permite construir narrativas ante la macro-violencia mediante el diseño de intervenciones que promueven la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para transitar a sistemas de justicia operando en condiciones menos críticas. Nuestra apuesta, y la de muchas otras personas más, ha sido que solo este “lente de análisis” es idóneo para revertir la espiral de impunidad que atravesamos.
Para ello, es necesario -primero- dar nombre a lo que estamos enfrentando, desde abajo y desde distintas perspectivas. Construir una visión mal que bien compartida sobre nuestro fenómeno – un léxico que nos permita salir del atolladero. Un piso común, aunque multidimensional.
JTMX considera que ese es el primer paso para construir respuestas desde el Estado de Derecho. Por ello, uno de los esfuerzos que abanderaremos en las siguientes semanas en nuestro espacio será también intercalar con voces invitadas que, desde su especialidad, brindarán su enfoque sobre la violencia mexicana.
El esfuerzo para enfrentar el fenómeno mexicano es titánico, pero las víctimas y el horror atestiguado en estos trece años demandan respuestas serias. En el rostro del sufrimiento y la dignidad, se encuentra el tamaño del reto.
* Jorge Peniche (@JorgePeniche6) es abogado y activista. Maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York con enfoque en Derecho Internacional, Justicia Transicional y Teoría del Derecho. Miembro fundador de JTMX.
1 Objetivos: (i) erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; (ii) garantizar empleo, educación, salud y bienestar; (iii) pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; (iv) regeneración ética de la sociedad; (v) reformular el combate a las drogas; (vi) emprender la construcción de la paz; (vii) recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios, y (viii) seguridad pública, seguridad nacional y paz. Disponible aquí.
2 Incluí adjetivos que, aparentemente, encierran la caracterización que pretende asignar la Estrategia. (páginas 5-14)
3 El International Crisis Group es una organización internacional no gubernamental dedicada a analizar el conflicto y proponer soluciones de política pública para atemperarlo. Su página aquí.
