Mariclaire Acosta Urquidi
Texto publicado originalmente en Animal Político
Esta es la segunda parte del texto titulado “Breve recuento de la lucha social y los precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte I)“. Estos textos buscan profundizar en la historia y antecedentes de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990”. Lo anterior con los objetivos de recordar la lucha y articulación contra la impunidad que emprendieron las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia, así como resaltar las iniciativas –primariamente– estatales que han abordado este tema y su legado.
Justicia Transicional en México.
La recién anunciada “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990 “ se inserta sobre una larga trayectoria institucional y social que ha buscado atender el legado de la llamada “Guerra Sucia”. Habría que comenzar por señalar como el antecedente más importante las décadas de lucha que han sostenido las víctimas de este periodo, muy especialmente las organizaciones de familiares, quienes comenzaron las tareas de búsqueda y denuncia hace casi cincuenta años, sin que ninguna autoridad del gobierno federal se diera a la tarea de investigar el destino y paradero de sus seres queridos. Hay casos emblemáticos como el de Tita Radilla, dirigente de la AFADEM (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México), cuyo padre, Rosendo Radilla, originario de Atoyac, Guerrero, fue detenido y desaparecido en un retén militar en agosto de 1974. La familia Radilla comenzó por recorrer cuarteles militares, estaciones de policía y ministerios públicos locales durante años, hasta que en 1990 la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente. Años después el caso llegó a la entonces Procuraduría General de la República, y de ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, en donde hizo otro largo recorrido hasta que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, la primera sobre un caso de desaparición forzada en México. La sentencia de la Corte obligó al Congreso a reformar el fuero militar, y sin duda fue un importante antecedente de la reforma de 2011 que elevó los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México a nivel constitucional, pero Rosendo Radilla sigue desaparecido y la identificación y sanción de los responsables de ese delito, mandatadas por la Corte Interamericana, siguen sin cumplirse.1
No fue hasta que el régimen de partido de Estado comenzó a resquebrajarse a partir de la insurgencia electoral de 1988, cuando los reclamos de los familiares y sobrevivientes comenzaron a tomarse en serio. Fue así como en 1989 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por medio de la recién creada Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, recibió de algunos familiares los expedientes de un número considerable de casos de desaparición forzada, gracias a la credibilidad y buenos oficios de su entonces titular, Luis Ortiz Monasterio.
Sin embargo, las investigaciones de estos casos, cuyos expedientes pasaron después a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no vieron la luz hasta once años después, cuando el gobierno de Vicente Fox Quesada, quien llegó al poder por elecciones que significaron la primera alternancia de partido después de 71 años, anunció la creación de una fiscalía especial, adscrita a la PGR, para investigar los crímenes del pasado: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).2
Mucho se ha escrito y analizado sobre los alcances y las carencias de la FEMOSPP.3 Este no es el espacio para enumerarlas. Baste con decir que, a pesar de contar en un primer momento con un cierto nivel aceptable de apoyo estatal y presupuesto suficiente, se mostró incapaz de cumplir con el cometido propuesto de llevar a la justicia a los perpetradores de las atrocidades cometidas en los casos investigados (movimiento estudiantil de 1968, el 10 de junio, los detenidos desaparecidos en la llamada “Guerra Sucia”, delitos de lesa humanidad contra la población y crímenes de guerra, persecución política y perversión de la justicia), y de construir una narrativa capaz de develar la naturaleza sistemática y la operación de los crímenes bajo su competencia.
Por añadidura, el informe histórico elaborado por un grupo de investigadores adscritos a la FEMOSPP, particularmente con el material de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, con el cual se pretendía dar sustento adicional a las investigaciones ministeriales, fue desautorizado en 2006 por el entonces Procurador General de la República, y eliminado de la página oficial de la FEMOSPP. El funcionario responsable de la investigación fue destituido e inhabilitado por haberlo hecho público. Por fortuna, el documento ha sido rescatado por la actual Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, y se encuentra disponible en la página del Sitio de Memoria, Circular de Morelia #8. 4
El Sitio, dirigido por un reputado periodista que ha acompañado a los familiares de las víctimas de la “Guerra Sucia” desde la década de los 70 del siglo pasado, ha contado con la participación activa de éstos en su concepción, diseño y operación. Se encuentra alojado en las antiguas oficinas de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Cuenta con un acervo documental importante y un pequeño museo en el sitio de interrogatorio y tortura adonde eran llevados los detenidos. Es, asimismo, un espacio de difusión, reunión e intercambio que seguramente jugará un papel clave en la naciente Comisión.
No cabe duda que la Costa Grande del estado de Guerrero fue una de las regiones del país que más sufrió la represión en el periodo de la “Guerra Sucia”. Se calcula que el 40% de los desaparecidos provienen de este estado, el cual durante 1967 a 1974, aproximadamente, sufrió el embate de 14 campañas militares para erradicar las insurgencias encabezadas por Lucio Cabañas (Partido de los Pobres, 1967-1974) y Genaro Vázquez Rojas (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 1968-1972), ambos profesores normalistas egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa. En coordinación con la Dirección Federal de Seguridad, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incursiones armadas, sitios y saqueos en numerosas comunidades de la zona.5
La Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero (Comverdad), creada por decreto del Congreso estatal en abril de 2012, se dio a la tarea de recabar testimonios e intentar localizar las fosas clandestinas en donde presumiblemente se encontrarían restos de las víctimas de la “Guerra Sucia”. A lo largo de los dos años que duró su mandato, la Comisión documentó centenares de desapariciones forzadas, además de tortura, ejecuciones extrajudiciales y vuelos de la muerte de numerosas víctimas entre las cuales se encontraron campesinos, estudiantes, guerrilleros, profesores, activistas sociales, indígenas y familiares de guerrilleros, así como personas que llevaban el mismo nombre de éstos. 6
Sin duda el trabajo de la Comverdad será otra fuente importante de información para la naciente Comisión, además de los documentos en posesión de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, AFADEM, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación Diego Lucero, entre otras, así como los numerosos estudios académicos realizados a lo largo de las décadas, y que dan cuenta de las atrocidades cometidas por los sucesivos gobiernos del siglo pasado, y que aún permanecen en la impunidad.
El decreto de creación de la Comisión no alienta la esperanza en los resultados que se podrán obtener a partir de sus trabajos. Sus capacidades y alcances parecen limitados y han sido objeto de severos cuestionamientos.7 Pese a ello, la nueva Comisión aportará al conocimiento del pasado tenebroso de nuestra historia reciente, y será un paso más en la construcción de una narrativa esclarecedora de dónde y por qué seguimos sumidos en la violencia y la impunidad. Hagamos votos para que tenga éxito, y para que, pese a sus limitaciones, sea un hito más para promover un proceso de justicia transicional que abarque también a las decenas de miles de víctimas de la violencia y atrocidades cometidas en la actualidad, y que es inaplazable si queremos transitar a un México en paz y verdaderamente democrático.
* Mariclaire Acosta Urquidi (@macostau) es Presidenta del Consejo de Directores de Justicia Transicional en México.
1 Marcos Nucamendi, “Tita Radilla confía en la Comisión de la Verdad para esclarecer crímenes de la Guerra Sucia”, Proceso, 8/09/21. CMDPDH, Sitio Rosendo Radilla.
2 Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ver acuerdo de creación, ACUERDO por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, del 27 de noviembre de 2001.
3 Cfr. Jorge Carlos Peniche, The Memory of Nations-Democratic Transition Guide. The Mexican Transition Experience, Investigation and Prosecution of the Crimes of the Regime.
5 M.Nucamendi, op.cit.
6 Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Informe Final de Actividades, 15 de octubre de 2014, 237 p.
7 José Ramón Cossío Díaz, ”¿Verdad y Justicia?”, El País, 12 de octubre de 2021.
