Mariclaire Acosta Urquidi
Texto publicado originalmente en Animal Político
Con el fin de contribuir a la conversación alrededor de la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990”, desde JTMX hemos comenzado con una serie de entradas en este blog donde abordaremos este tema tan importante. Tomando en cuenta que uno de los componentes centrales de esta nueva comisión será un mecanismo de esclarecimiento de la verdad sobre este periodo de violencia política, la semana pasada publicamos una primera entrega en la que discutimos de manera general en qué consisten este tipo de mecanismos, las distintas soluciones de diseño y funciones que despliegan, y para qué sirven. Esto con el fin de proporcionar una herramienta al público más amplio que permita contribuir al entendimiento de qué pretende lograr y cuál es la vocación de la nueva comisión.
Esta semana publicamos dos entregas que profundizan en la historia y antecedentes detrás de esta nueva iniciativa. El objetivo es doble: por un lado, recordar la lucha y articulación contra la impunidad que emprendieron las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia; por otro, recordar las iniciativas –primariamente– estatales que han abordado este tema y su legado. La nueva comisión se insertará sobre los esfuerzos de estas trayectorias institucionales y sociales previas.
En la última entrega de esta serie nos concentramos en analizar el diseño institucional, la propuesta de modelo de funcionamiento y facultades concedidas a la nueva Comisión. Haremos también un esbozo inicial de algunos desafíos que esta Comisión podría enfrentar -desde nuestra lectura- al insertarse como un nuevo mecanismo extraordinario o transitorio que deberá interactuar con un entramado ordinario de instituciones y probables resistencias políticas.
Justicia Transicional en México.
El 30 de agosto de 2021, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mientras algunos grupos de familiares de las decenas de miles de víctimas recientes de desaparición se manifestaban en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente de la República se reunía en la sede de la secretaría de Gobernación con familiares de los desaparecidos y sobrevivientes de la llamada “Guerra Sucia”, que tuvo lugar aproximadamente entre fines de la década de los sesenta hasta mediados de los ochenta del siglo pasado.
Acompañado por estos, así como por el recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el presidente anunció la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Memoria y No-Repetición, cuyo objetivo sería el esclarecimiento, investigación y sanción de los crímenes cometidos durante el periodo en cuestión, así como la reparación del daño infligido a las víctimas y las garantías de no-repetición de los hechos.
Según se desprende de las notas de prensa, el presidente López Obrador ha sostenido dos reuniones con familiares y sobrevivientes de la “Guerra Sucia” durante las cuales se ha mantenido abierto a sus exigencias. Ha prometido, además, abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, una demanda sostenida insistentemente por los familiares de las víctimas, toda vez que la mayoría de las desapariciones de éstas ocurrieron en los cuarteles militares.1
Semanas después, en la ceremonia de conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968, durante la presentación del proyecto Tlaxcoaque, Sitio de Memoria, el subsecretario Encinas informó que el presidente había suscrito el decreto por el cual se crea una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990.
Todo parece indicar que esta iniciativa es la misma que fuera anunciada el 30 de agosto, aunque con un alcance ampliado y más preciso que el de la idea de una comisión que se anunció anteriormente.2
El anuncio de la creación de la nueva Comisión se acompañó de la presentación, por parte de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de un proyecto de memorial colectivo en los sótanos de Tlaxcoaque, que obraron como centros de tortura entre los años 60 y 80. Tlaxcoaque: Sitio de Memoria contará con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que hará un reconocimiento de toda la memoria forense que pueda haber en ese sitio.3
Los objetivos de esta Comisión, enunciados por el subsecretario Encinas en esa ocasión, son “…realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es la competencia de la administración pública federal y en su caso, porque no solamente basta conocer la verdad, iniciar ante las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas, todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia”.4 Agregó que los mecanismos de los que consta dicha comisión son el resultado de acuerdos entre los familiares y sobrevivientes de la “Guerra Sucia” con el presidente de la República.
Estos mecanismos, según se esbozaron en el discurso del subsecretario, serían cinco. Uno para la verdad y el esclarecimiento histórico, integrado por expertos independientes quienes podrán allegarse toda la información que requieran sin restricción alguna, incluyendo la que obra en poder de las Fuerzas Armadas; el otro mecanismo será un comité, integrado por tres personas, para el impulso de la justicia, cuya misión será la de judicializar toda la evidencia que resulte de los trabajos de memoria y verdad, de suerte que “..no quede ninguno de los responsables sin la sanción legal que le corresponde por las violaciones graves a los derechos humanos en que incurrieron”. Un tercer mecanismo será el Plan Nacional de Búsqueda, que abreva de la experiencia del Sistema Nacional de Búsqueda, sobre todo en lo referente a los ejercicios realizados en fosas comunes. Se contará también con un plan especial de reparación integral, con un enfoque individual o colectivo, según el caso. Finalmente, el quinto mecanismo se ocupará de las acciones para la memoria y garantía de no repetición de las víctimas de la represión de la Guerra Sucia, las cuales enaltecen su contribución a la transformación del país.5
Como se anunció el 30 de agosto con el evento público que antecedió su creación, la Comisión seguramente partirá de las investigaciones inconclusas que en su momento realizó la desaparecida FEMOSPP (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) y los hallazgos de la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero.6
El decreto de creación de la Comisión ha sido publicado el 6 de octubre. En él se detallan su mandato, su alcance y estructura, y será objeto de un análisis específico en la última entrega de esta serie. Adelantamos que el decreto prevé la instalación de un grupo de trabajo temporal que deberá impulsar el acceso a la verdad, la justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición para víctimas y sobrevivientes de la “Guerra Sucia”, mediante los cinco instrumentos enumerados arriba. La Comisión estará integrada por seis funcionarios públicos y cinco expertos independientes. Operará por tres años, y emitirá un informe final al término de su mandato.7
A reserva de analizar este decreto a profundidad y sus implicaciones, esperamos que este nuevo mecanismo dé respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Cómo se determinó el periodo a investigar? ¿A partir de qué hechos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? ¿Qué hechos abarca? ¿Se centrará exclusivamente en la llamada “Guerra Sucia” como se anunció previamente? ¿En qué consistió la llamada “Guerra Sucia”? ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Por qué motivos? 8 Responder a preguntas como éstas es de capital importancia para entender la génesis y naturaleza de la violencia ejercida por el Estado mexicano contra la población, la cual por cierto, no comienza en 1965, sino años antes, y tampoco termina en 1990. Habrá que explicar por qué los trabajos de la Comisión no abarcan la década de los 90’s, la última del siglo XX y de la hegemonía de partido único, y que fuera marcada por incidentes gravísimos de violencia política y crímenes atroces contra disidentes políticos, miembros de grupos armados y poblaciones indígenas.
Según un reciente estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)9, la represión sistemática a la disidencia, como política de Estado, antecede con mucho a la época que comúnmente se identifica como el periodo de la “Guerra Sucia”, durante la cual efectivamente se aplicó una política de represión contrainsurgente contra los diversos grupos armados y movimientos disidentes que proliferaron en los últimos años de los 1960s, pero que en realidad se gestó mucho antes.
Al respecto, nos dice el estudio de la CNDH, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que aún no existe un marco conceptual adecuado para encasillar los procesos de violencia política sufridos en el país. Esto, según el estudio mencionado, ha cercenado y fragmentado la historia de la represión política en México, y contribuido a fomentar la amnesia colectiva fomentada desde el poder, así como los pactos de silencio e impunidad que se construyeron durante los años de hegemonía del PRI como partido de estado, y que sobreviven, en gran medida, hasta nuestros días. Por ello, es necesario estudiar las características sistemáticas y la operatividad de esta violencia estatal, tan arraigada, para de esta manera poderla erradicar.10
De cumplirse con la expectativa de las víctimas (familiares y sobrevivientes) respecto de la estructura, competencias y alcance de esta Comisión, estaríamos frente a un proceso muy comprimido y acotado de justicia transicional, toda vez que esta iniciativa comprende los llamados “cuatro pilares” de la misma, a saber: verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición limitados a un grupo determinado de personas y a un periodo específico en el tiempo. Dejará, entonces fuera de su ámbito de competencia los crímenes y atrocidades impunes cometidos durante la década de los 90’s del siglo pasado, así como los gigantescos saldos de la grave crisis de derechos humanos suscitada por las políticas de seguridad pública y especialmente de combate al narcotráfico, de las primeras dos décadas de este siglo.11 Esas víctimas, que se cuentan por decenas de miles, no tendrán un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, al menos por el momento.
* Mariclaire Acosta Urquidi es presidenta del Consejo de Directores de Justicia Transicional en México (@JTenMexico).
1 “Alicia de los Ríos: carta a su ‘jefita’ y el encuentro con los perpetradores de la guerra sucia”, Proceso, 21/09/21.
2 “Se crea comisión para investigar violaciones a los derechos humanos entre los años 1965 y 1990”, El Universal, 2 de octubre de 2021.
3 “Sheinbaum anuncia memorial en sótanos de Tlaxcoaque habilitados como centro de tortura en la Guerra Sucia”, El Universal, 2 de octubre de 2021.
4 El Universal, op.cit.
5 Ibídem.
6 “AMLO anuncia la creación de una comisión de la verdad para la guerra sucia”, Forbes Política, 30 de agosto de 2021.
7 D.O.F, 06/10/2021, Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
8 Marcos Nucamendi lo define como “Un periodo en el que la policía y las Fuerzas Armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política”, para el proyecto Adónde van los desaparecidos, Proceso, 8/09/21.
9 Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe sobre la violencia de Estado en México. Marco histórico objeto de las investigaciones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente (1951-2016), junio 2021.
10 Ibídem.
11 Cfr. CMDPDH, Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017), México, 2018, 59p. Texto que da cuenta solamente de las atrocidades cometidas directamente por fuerzas de seguridad del Estado, más no de aquellas cometidas por agentes no estatales con aquiescencia de agentes estatales, y que se mantienen en la impunidad.
