¿Qué queda después de las promesas incumplidas por la presente administración? A la sociedad civil nos queda la movilización.

Aunque el presidente continúe pensando que la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades son las únicas causas de la violencia, no habrá seguridad con impunidad casi absoluta.

Si el actual gobierno anhela ser un hito en la cuestión de derechos humanos, es necesario que voltee la cabeza hacia las herramientas contempladas en la justicia transicional y, más si ha sido una exigencia de las víctimas de violaciones a derechos humanos desde hace más de cuatro décadas.

Para la ONU, empresas e inversionistas deben de interesarse por la actuación del gobierno y concientizarse sobre la realidad de la violencia y la importancia de construir sociedades pacíficas y justas.

La violencia en México no ha discriminado entre clases sociales ni entre pequeñas o grandes empresas, más bien ha tomado por asalto a todas las personas que trabajan en la cadena de producción de distintas industrias.

La estrategia de pacificación sigue sin ser clara y sin atender a las causas y contextos específicos de cada entidad federativa, y no comprende mecanismos de justicia transicional como se ha anunciado repetidamente por parte de la presente administración.

Tras asumir el poder, pareciera que los temas de verdad, justicia y reparación se han diluido en el discurso de López Obrador.

Resulta inevitable cuestionarse si la propuesta de amnistía se trata más bien de una estrategia para recortar gastos en el sistema penitenciario, más que una iniciativa de justicia social.

La Iniciativa de Ley de Amnistía no puede ser considerada una medida de JT; no tiene esa vocación. Sin embargo, puede abrir espacios para el debate relacionado sobre las falencias estructurales del sistema.