Texto publicado originalmente en Animal Político
Desde JTMX denunciamos la persecución judicial contra Sergio Aguayo, emprendida a raíz de publicar un texto en el periódico Reforma en 2006. En solidaridad y a manera de protesta, reproducimos dicha columna de manera íntegra.
Hay que esperar
Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos.
Luego de la detención, el viernes 8 de enero, de ‘El Chapo’ Guzmán, la canciller Claudia Ruiz Massieu alabó, ante embajadores y cónsules, el mensaje de la #MisiónCumplida del Presidente eufórico; además, le informó al Presidente que los ahí reunidos estaban “listos para llevar a todos los rincones del mundo” la “visión que usted nos inspira a transmitir” y que incluía el “Estado de Derecho” y las “instituciones sólidas”.
El viernes 15 del mismo mes Humberto Moreira fue detenido y encarcelado en Madrid. El golpe, brutal, resucitó el corrosivo juicio del New York Times en su editorial de principios de año: Peña Nieto “será recordado” como el “jefe de gobierno que evitó rendir cuentas”. La detención también revolcó la respuesta del coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia, Paulo Carreño King, al mismo diario. No hay forma de creerle que el gobierno “trabaja en la mejoría del Sistema Nacional de Anticorrupción”.
El Auto judicial tiene la sequedad y aridez de la meseta castellana. Según el documento (tengo copia), en el 2013 Humberto Moreira recibió de empresas mexicanas 199,079.48 euros. La autoridad sospechó y en marzo de 2014 iniciaron las pesquisas que llevaron a su arresto por los “delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho”. De ser condenado, se pasará once años en la prisión. Como el caso que se lleva en Estados Unidos es independiente del de Madrid, Moreira dará tumbos durante varios años.
Cuando lo detuvieron, la Policía Nacional Española (@policia) mandó un tuit al que le añadieron el hashtag #misióncumplida. Algunos círculos mexicanos lo consideraron una burla al presidente mexicano. Sin embargo, estamos ante la mezcla del peculiar estilo de un tuit famoso y popular en España, por su humor y mala leche, y el poco respeto que se tiene al gobierno mexicano en amplios círculos internacionales. Se justifica el menosprecio porque es una vergüenza que las instituciones mexicanas no sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila -su estado- por 36 mil millones de pesos, mientras que en España lo apresaron por la transferencia irregular de sólo ¡tres millones y medio de pesos!
La saga Moreira tiene un ángulo desconcertante. Alejandro Gutiérrez, corresponsal de Proceso en Madrid, escribió en el número 2046 de la revista que la defensa jurídica de Moreira está en manos del “abogado Manuel Ollé”, un letrado cercano al juez español Baltasar Garzón y, como él, famoso por la defensa de los derechos humanos en el mundo. Como fue el único medio mexicano que incluía ese ángulo, conversé telefónicamente con Alejandro quien me confirmó que fiscales anticorrupción españoles le aseguraron en privado que la primera opción de Moreira fue Garzón, quien le sugirió a Ollé. Alejandro también me aclaró que fuentes cercanas a Ollé aseguran que éste se presentará a defender a Moreira el próximo viernes.
Sería una pena confirmar que Moreira es defendido judicialmente por un abogado del círculo de Baltasar Garzón quien, en septiembre de 2015, sostuvo en Buenos Aires la tesis de que la justicia universal debe incluir las “agresiones al medio ambiente y los ilícitos financieros y económicos”. Y Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.
Cuando le preguntaron a Enrique Peña Nieto su opinión sobre el caso Moreira, respondió que no podía “decir nada porque no información”. “Hay que esperar”, sentenció. Algo parecido dijeron varios jerarcas priistas. ¿Y cuánto tenemos que esperar, señor Presidente, para que su gobierno empiece a meter en la cárcel a los funcionarios que saquean presupuestos o entregan contratos inflados a empresarios favorecidos? ¿Hay alguna fecha para que el Instituto Nacional Electoral acote en serio la corrupción de los partidos? ¿Se sabe en qué momento los Tribunales Contenciosos Administrativos frenarán el saqueo urbanístico? La falta de respuestas precisas por parte del Estado mexicano hace tan admirables a los jueces extranjeros que persiguen a corruptos mexicanos. Afortunadamente, ellos ignoraron el llamado a esperar.
Justicia Transicional en México
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