El artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —en adelante, la Convención— es un tratado del sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue adoptada por la Asamblea General en Nueva York, el 20 de diciembre de 2006, mediante la resolución 61/177, y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Su finalidad es prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Para supervisar su aplicación, el artículo 26 creó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), integrado por diez expertos independientes que ejercen sus funciones a título personal y con imparcialidad. Entre sus atribuciones se encuentran examinar informes estatales, tramitar acciones urgentes para buscar y localizar a personas desaparecidas, estudiar comunicaciones individuales y solicitar visitas ante información sobre violaciones graves de la Convención.

México firmó la Convención el 6 de febrero de 2007, durante su apertura a la firma en París, y depositó su instrumento de ratificación el 18 de marzo de 2008. El tratado está vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010. Posteriormente, el 2 de octubre de 2020, el Estado mexicano reconoció expresamente la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales conforme al artículo 31. Esta declaración permite presentar denuncias ante el CED por presuntas violaciones de la Convención, sujetas a sus requisitos de admisibilidad.

Como Estado parte, México asumió obligaciones internacionales de prevención, investigación y sanción de la desaparición forzada, búsqueda de las personas desaparecidas y protección y reparación de las víctimas.  Dentro de este marco, el artículo 34 establece un procedimiento para atender situaciones de especial gravedad:

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Este procedimiento permite examinar la dimensión colectiva de las desapariciones forzadas y movilizar la atención y la cooperación internacionales. Su aplicación exige solicitar previamente información al Estado concernido y valorar los elementos disponibles para determinar si corresponde llevar la situación a la Asamblea General.

El 4 de abril de 2025, el Comité anunció la activación del procedimiento respecto de México, lo que constituyó la primera aplicación del artículo 34 en su historia. La decisión inició una etapa de solicitud y análisis de información; el Comité precisó entonces que esa activación no prejuzgaba las fases posteriores del procedimiento.

Posteriormente, en una decisión anunciada el 2 de abril de 2026, el Comité solicitó al Secretario General transmitir la situación de México a la Asamblea General. La decisión propone considerar medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, el análisis forense y la investigación, así como mecanismos de esclarecimiento de la verdad y protección para las familias, las organizaciones y las personas defensoras que las acompañan.

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