El día de hoy, 17 de mayo del año en curso, víctimas, organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas unieron sus voces sobre el fenómeno de la desaparición de personas en México y su impunidad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la SEGOB, existen cien mil diecinueve registros de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964; la abrumadora mayor a de estos casos fue reportada en los últimos cinco años. La información recabada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es imprecisa, sus lineamientos aún no han sido publicados y su tratamiento de datos entre su versión pública y privada aún sigue en discusión. Esta tarea convoca a muchas autoridades, no solo a la Comisión Nacional de Búsqueda, esto en términos de la Ley general en la materia que articula todo un Sistema Nacional de Búsqueda.
Coincidimos con los posicionamientos del Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU donde señalan que el país ha llegado a niveles extremos en la comisión de este delito. Es evidente que el aparato de justicia en su totalidad está incapacitado para tratar esta grave situación. En un universo de más de cien mil personas desaparecidas, solamente ha emitido treinta y seis sentencias y judicializado entre el 2 y el 6 por ciento de los casos que llegan al conocimiento de las autoridades.
Concordamos con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su apreciación de que la desaparición de personas en México es el paradigma del crimen perfecto e instamos al Estado mexicano a desarrollar mecanismos efectivos para combatir la impunidad de esta práctica generalizada y sistémica. Al mismo tiempo, lo invitamos a que cumpla con su obligación constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular cuando se trata de una violación grave como es el crimen de la desaparición de personas. Asimismo, lo instamos, a que en consulta permanente con las víctimas, las organizaciones, personas expertas e instituciones correspondientes, desarrolle procesos y mecanismos idóneos para combatir la impunidad de los casos y la práctica de la desaparición.
Situaciones extraordinarias como la que vivimos actualmente requieren medidas extraordinarias y urgentes. Estas han sido propuestas en varias ocasiones y sistemáticamente ignoradas.
