En respuesta a la declaración del Ejecutivo federal emitida el 2 de octubre de 2023, en la que se afirmaba que los elementos de las instituciones castrenses obedecieron órdenes de civiles, Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional desean reiterar la preocupación compartida sobre las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, durante el período de mediados de los 60 hacia los 80. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, algunas de las cuales podrían ser consideradas delitos de lesa humanidad debido a su carácter generalizado y sistemático.
Las declaraciones del presidente López Obrador, que sugieren que estas acciones fueron «errores» o que los militares estaban siguiendo órdenes superiores, no eximen de responsabilidad a las Fuerzas Armadas en las violaciones graves a derechos humanos cometidas. En virtud de los estándares internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser subordinada, regulada y fiscalizada, criterios que actualmente no se cumplen, lo que pone en peligro la transparencia y la rendición de cuentas.
En dicho comunicado se exige, además, el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas civiles, dado que su presencia excesiva y no regulada en las calles, con más de 261 mil elementos, no solo excede su función original sino que también socava las instituciones civiles y la vida pública.
Este comunicado se emite en un llamado a la responsabilidad y la justicia, instando a la transparencia y la rendición de cuentas en torno a las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
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