Para las víctimas, esta Comisión puede ser su última oportunidad para conocer la verdad, descubrir a los posibles perpetradores, desarrollar nuevas líneas de investigación penales y de búsqueda de sus seres queridos, acercarse a la justicia, y obtener medidas de reparación para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y sus comunidades.

El decreto de creación de la Comisión no alienta la esperanza en los resultados que se podrán obtener a partir de sus trabajos. Sus capacidades y alcances parecen limitados y han sido objeto de severos cuestionamientos. Pese a ello, la nueva Comisión aportará al conocimiento del pasado tenebroso de nuestra historia reciente, y será un paso más en la construcción de una narrativa esclarecedora de dónde y por qué seguimos sumidos en la violencia y la impunidad.

Habrá que explicar por qué los trabajos de la Comisión no abarcan la década de los 90, marcada por incidentes gravísimos de violencia política y crímenes atroces contra disidentes políticos, miembros de grupos armados y poblaciones indígenas.

¿Qué son los mecanismos de esclarecimiento, para qué sirven, en qué contextos suele implementarse, y cuáles son sus elementos esenciales?

Toda acción que tomen las autoridades derivadas de la consulta debe servir a fortalecer, preparar o hacer viable la justicia o derechos de las víctimas, pero no agotan la realización de tales derechos (porque en caso de no existir tales acciones o ganar un no vinculante, el resultado sería que la ausencia de estos mecanismos anularía las formas de hacer efectivos estos derechos).

Aún no contamos con una narrativa coherente, clara y consistente de las causas, motivos y consecuencias del legado masivo de abusos graves a los derechos humanos que padecemos y que ha generado una situación de violencia criminal endémica, así como miles de víctimas.

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, muchas de las promesas consignadas en las más de 300 páginas del Acuerdo se han convertido en palabras que se las ha llevado el viento. Una de las tantas promesas es la garantía y protección del derecho a la protesta social, desarrollado en el punto 2 del acuerdo sobre participación política.