La creación de un mecanismo internacional no puede, por sí misma, eliminar a la impunidad. No obstante, sí puede hacer contribuciones importantes y propiciar procesos de cambio en las prácticas de los agentes del sistema de justicia que comiencen a erosionar el círculo de impunidad imperante.

Para las víctimas, esta Comisión puede ser su última oportunidad para conocer la verdad, descubrir a los posibles perpetradores, desarrollar nuevas líneas de investigación penales y de búsqueda de sus seres queridos, acercarse a la justicia, y obtener medidas de reparación para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y sus comunidades.

El decreto de creación de la Comisión no alienta la esperanza en los resultados que se podrán obtener a partir de sus trabajos. Sus capacidades y alcances parecen limitados y han sido objeto de severos cuestionamientos. Pese a ello, la nueva Comisión aportará al conocimiento del pasado tenebroso de nuestra historia reciente, y será un paso más en la construcción de una narrativa esclarecedora de dónde y por qué seguimos sumidos en la violencia y la impunidad.

Habrá que explicar por qué los trabajos de la Comisión no abarcan la década de los 90, marcada por incidentes gravísimos de violencia política y crímenes atroces contra disidentes políticos, miembros de grupos armados y poblaciones indígenas.