Las fechorías cometidas por las redes de macrocriminalidad se mantienen en la impunidad, porque los políticos que operan a los órganos de investigación y justicia pertenecen a esas redes.

La continuación de la estrategia de seguridad previa resulta preocupante ya que prolonga la violencia de género específica que ocurre en situaciones de conflicto armado, principalmente la violencia sexual de mujeres y niñas.

El fenómeno de remilitarización se produce en muchos países latinoamericanos, sin importar la tendencia política o ideología de los gobiernos. Parece expresar el fracaso de la democratización iniciada en toda América Latina en los años ochenta y noventa del siglo XX, por la debilidad de la profesionalización de los sistemas de inteligencia, de justicia y en general de las corporaciones de seguridad pública.

El debate sobre el carácter o motivaciones políticas de los grupos de la delincuencia organizada en México, particularmente en el contexto de uno de los cientos de ataques que se han perpetrado contra la población, sigue siendo un tema abierto que requiere explorarse de manera más detenida.

Es imperante que la sociedad mexicana reconozca que la situación de violencia armada por la que atraviesa México puede ser considerada como un conflicto armado interno y que exija a las autoridades que abran las puertas a todas las instituciones humanitarias, con miras a que puedan trabajar de manera coordinada y eficaz en beneficio de la población civil.

Desde JTMX denunciamos la persecución judicial contra Sergio Aguayo, emprendida a raíz de publicar un texto en el periódico Reforma en 2006. En solidaridad y a manera de protesta, reproducimos dicha columna de manera íntegra.

Como se expresó en la caminata por la paz, es cierto que esta administración heredó el horror, pero también es cierto que no se ha avanzado en la construcción de verdad, justicia y paz.