Liliana Caballero
Texto publicado originalmente en Animal Político

La impunidad es reconocida como un fenómeno que es, al mismo tiempo, origen y destino de algunos de los más serios problemas que enfrentan los países de América Latina y el resto del mundo. En esta región, la memoria y la verdad han sido, como lo son siempre, una composición simbólica del pasado, restauradora de vida e identidad; inversamente su contrario, el olvido, es aquello ante lo que nos negamos a sucumbir

El Salvador mantiene una lucha constante por recuperar su memoria, haciendo de la ciudadanía la protagonista de su propia historia. Sin embargo, el contexto tan adverso que atenta contra la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador, ha agravado el paso firme que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han dado para evitar que se decrete el perdón y el olvido.

Las masacres de El Mozote y lugares aledaños, acontecidas durante el periodo del conflicto armado en El Salvador, continúan en un proceso de acceso a la justicia para las víctimas y el pueblo salvadoreño. Los obstáculos siguen, pero no claudicaremos. Mantenemos en el centro a las víctimas, la memoria y la lucha contra el olvido.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, la historia registra una de las masacres más grandes ocurrida en América Latina: la perpetrada por el Ejército de El Salvador en los poblados de El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y otros lugares aledaños, ubicados en el departamento de Morazán.¹

En 72 horas, el batallón Atlacatl, liderado por Domingo Monterrosa, junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, ejecutaron el asesinato masivo de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. La orden era arrasar con la población. No dejar huellas del lugar, que, según la inteligencia militar salvadoreña, era territorio usado por las fuerzas guerrilleras.

El ataque, conocido como “Operación rescate” o “Yunque y martillo”, fue llevado a cabo como parte de la estrategia militar de “tierra arrasada”, una táctica que implica destruir comunidades enteras con el fin de impedir que movimientos guerrilleros puedan recibir suministros u ocultarse entre la sociedad civil. Los territorios de El Mozote y lugares aledaños, según la lectura militar salvadoreña, fungía como una herramienta que fortalecía el movimiento contra insurgente. Es entonces que el discurso iba dirigido a señalar a los pobladores de El Mozote y sus alrededores como una figura enemiga a la soberanía salvadoreña.

El miedo usado como una herramienta de control contra las familias y personas desplazadas provocaron un manejo sumamente hermético de los hechos por parte del Estado salvadoreño, manteniendo el caso bajo un manto de secretismo e impunidad.

A ello, las voces inconformes y la sed de memoria hicieron de estos hechos una causa inquebrantable para el acceso a la verdad, justicia y reparación de violaciones a derechos humanos en América Latina y el Caribe. Fue la lucha de quienes sobrevivieron para contarlo ーy que se mantienen de pie, después de casi 40 añosー la que les permitió llegar a tribunales internacionales y conseguir una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de la región.²

Dicha sentencia fue emitida en 2012. Ésta establece la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación al derecho a la vida,  la integridad personal,  la libertad,  la vida privada,  las medidas de protección de la niñez, y considera como personas agraviadas no solamente a las víctimas de la ejecución militar, sino a sobrevivientes, sus familiares y personas desplazadas de manera forzada a raíz del desarrollo de los operativos. La Corte definió, en atención a la preservación de la memoria histórica y a la imperante necesidad de que hechos similares no vuelvan a repetirse, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la recuperación de la memoria de las víctimas fallecidas; una medida transformadora.

En el marco del proceso ante la Corte Interamericana, el Estado salvadoreño reconoció esta responsabilidad, lo que tiene un valor histórico trascendental debido a la especial gravedad de los hechos. Sin embargo, ninguna persona ha sido aún sancionada. Actualmente, al menos 13 miembros de las Fuerzas Armadas fueron identificados y se encuentran bajo proceso judicial en fase de investigación, dentro de la cual se han presentado obstáculos, como la insistente negativa del Ministerio de Defensa de reconocer la existencia de archivos militares y dar acceso a información que resulta clave en el juicio.³

Hoy, a 8 años de dictada la sentencia, El Salvador arrastra deudas históricas con respecto a las víctimas y al pueblo salvadoreño, tales como la sistemática obstaculización⁴ del acceso a la justicia en la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de brindar información crucial este caso, así como el continuo impulso de una normativa de reconciliación nacional contraria a los estándares internacionales sobre la prohibición a otorgar amnistías u otras eximentes de responsabilidad ante graves violaciones a los derechos humanos.⁵

El impedimento de la inspección de los archivos militares podría conducir a la destrucción, ocultamiento o sustracción de los documentos y generar un daño de la más extrema gravedad al derecho al acceso a la justicia de las víctimas, tanto de aquellas pertenecientes al caso como aquellas que tienen procesos pendientes a nivel interno. Lo anterior dado que se impediría el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables, asegurando la impunidad.

En suma, el actual contexto continúa amenazando el Estado de Derecho. El 1 de mayo del 2021, asumió la Asamblea Legislativa para el período 2021–2024 ⁶, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. En la primera sesión plenaria⁷ violentaron la independencia judicial y la democracia, destituyendo, en menos de seis horas, a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, juramentando -sin evaluar perfiles- a personas afines a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.⁸ En la decisión se transgredieron procesos constitucionales y al sistema de gobierno salvadoreño, según el mandamiento judicial de inconstitucionalidad 01-2021 que, de hecho, no fue considerado por los Órganos Ejecutivo y Legislativo.⁹

Recientemente, en marzo de 2021, se celebró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, en la que se destacó la necesaria respuesta del Estado salvadoreño frente a  sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en el marco del cumplimiento de la sentencia Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador de 2012, específicamente sobre iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.¹⁰

Actualmente, las víctimas y familiares de las masacres y sus representantes esperamos que el llamado del máximo tribunal regional signifique avances sustantivos a nivel interno, y lograr procesos que consoliden una transición justa y significativa para el pueblo salvadoreño. Esperamos también que jamás nos alcance la impunidad, ni el olvido.

Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra la desmemoria regional

El caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños en El Salvador ha representado una oportunidad para conocer los alcances y aplicabilidad de los estándares en materia de derechos humanos sobre justicia, verdad y reparación, especialmente en América Latina y el Caribe, territorio que ha padecido una serie de hechos atroces contra población civil durante conflictos armados y contextos políticos de suma adversidad y tensión.

En la región se han aplicado medidas de justicia transicional o extraordinaria con mayor o menor éxito. Hemos observado comisiones de la verdad y reconciliación como en Argentina; construcción de espacios públicos para la promoción de la memoria histórica en Chile¹¹; procesos de paz como el colombiano; esfuerzos de base como la población garífuna y la instalación del SUNLA en Honduras para el esclarecimiento de hechos sobre desapariciones forzadas¹²; o informes como el de Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala. Sin embargo, también hay casos como México donde se vivieron episodios que han lastimado profundamente la historia nacional, tales como Ayotzinapa, Aguas Blancas, Tlatlaya, Atenco, entre otros, y que no logran consolidarse dentro de un discurso público e institucional que les reconozca como hechos sistemáticos que aún aguardan justicia.

Sin duda, los procesos institucionales que favorecen la memoria histórica y justicia transicional habilitan entornos para no caer en la desmemoria colectiva. No obstante, también es necesario reconocer aquellos procesos que se han fortalecido de manera paralela a las vías institucionales y que son el resultado de la fuerza de aquellas voces que se niegan a ceder al olvido. Por ejemplo, cabe notar cómo la resignificación y reapropiación del espacio público son estrategias que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad desde el reconocimiento de nuestros territorios. Tal es el caso del Memorial del News Divine¹³, en México, dónde las familias, inconformes con el plan del desarrollo del monumento impulsado por el Estado, reestructuraron el discurso público, visibilizando que el estigma y discriminación de las juventudes fue lo que marcó el fatal desenlace de los hechos: 13 personas perdieron la vida, víctimas de una mala praxis policial y un uso indebido de la fuerza pública, 4 de ellos, menores de 18 años.

La construcción de memoria histórica y colectiva constituye un verdadero desafío y es necesario reconocer el papel de las familias y víctimas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos en contextos de conflicto armado o dictaduras en la región, que todos los días nos recuerdan el camino que falta por recorrer. Para las familias de El Mozote y lugares aledaños, cada aniversario es una constatación de la lentitud de la justicia en El Salvador, sin embargo, su lucha por la memoria y contra la impunidad, se mantiene inclaudicable.

Sin memoria, no hay democracia

La memoria no es solamente, como hemos visto, una mirada hacia el pasado. Ella debe funcionar hacia el futuro como negadora de hábitos y creencias que engendran exclusión y violencia; ella debe desacreditar definitivamente las ideologías racistas, colonialistas, machistas y marginadoras, expulsar el léxico y la gramática de la discriminación de nuestro lenguaje público. Al mismo tiempo, ella, como memoria compartida, está llamada a colocar en el centro de nuestra imaginación política la conciencia de que no habrá democracia duradera en la región si ésta no se asienta, en primer lugar, sobre la difusión y el respeto a los derechos, sobre la ampliación de la condición de la ciudadanía y sobre la humanización de nuestras sociedades.

Memoria, justicia y democracia son tres términos indisociables en el destino de una región que aún se encuentra en deuda. Nos mantenemos de pie acompañando a quienes son el rostro, voz y vida que honran la lucha por la justicia de las Masacres. Recordamos la frase grabada en una placa, en la plaza de El Mozote, en El Salvador: “ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.

El pueblo salvadoreño exige honrar la memoria de las víctimas y demanda el fin de la impunidad.

#ProhibidoOlvidarSV

#JusticiaYReparación

* Liliana Caballero es Oficial de Incidencia en el Programa para México y Centro América del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.

Fuentes adicionales:

Documental: Las masacres de El Mozote. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Elfaro.net website aquí.

Masacres de El Mozote. Audiencia de 4 de março de 2021 • CEJIL. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Cejil.org website aquí.

Terry Karl identifica a los oficiales que masacraron en El Mozote y afirma que se utilizó napalm. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Elfaro.net website aquí.

¹ Corte IDH, Ficha Técnica: Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador. Disponible aquí.

² Corte IDH, CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2012, (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible aquí.

³ Nelson Rauda, Terry Karl identifica a los oficiales que masacraron en El Mozote y afirma que se utilizó napalm, El Faro, 29 de abril de 2021. Disponible aquí.

⁴ Agencia EFE, Denuncian que el bloqueo de archivos militares evita la justicia en El Salvador, 4 de marzo de 2021. Disponible aquí.

⁵ DW, ONGs: impunidad persiste en El Salvador pese a anulación de Ley de Amnistía, DW, 17 de julio de 2020. Disponible aquí.

⁶ Tribunal Supremo Electoral, Elecciones 2021, Diputadas y diputados para asamblea legislativa, TSE, 2021. Disponible aquí.

⁷ Asamblea legislativa, Sesión de Instalación de la Nueva Asamblea Legislativa, Youtube, 1 de mayo de 2021. Disponible aquí.

⁸ Karla Arévalo, ¿Quiénes son los magistrados y el fiscal impuestos por la Asamblea Legislativa?, elsalvador.com, 2 de mayo de 2021. Disponible aquí.

⁹ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Mandamiento judicial de inconstitucionalidad. 1-2021. Disponible aquí.

¹⁰ Corte IDH, Audiencia Pública. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, YouTube, 4 de marzo de 2021. Disponible aquí.

¹¹ Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, Sobre del museo. Disponible aquí.

¹² Criterio HN, Crean SUNLA, mecanismo alterno para investigar desaparición forzada de garífunas, Criterio HN, 18 de febrero de 2021. Disponible aquí.

¹³ Sergio Beltrán, Construir demoliendo, Arquine, 3 de septiembre de 2015. Disponible aquí.