El enfoque de la justicia transicional emergió en los últimos años del siglo XX como resultado de la ola democratizadora en América Latina y Europa Oriental. Fue una respuesta a la demanda de justicia en regímenes que transitaron de dictaduras a democracias y en países con conflictos armados internos.

Sus bases y principios después se exportan a otros contextos críticos donde existe una falla generalizada del Estado de derecho y no existen condiciones técnicas o políticas para hacerle frente. La justicia transicional propone crear mecanismos extraordinarios capaces de enfrentar estos fenómenos de violencia a gran escala.

Los mecanismos de la justicia transicional pueden ser judiciales o extrajudiciales pues abarcan el enjuiciamiento; la atribución de responsabilidad penal y administrativa; la búsqueda de verdad; las medidas de reparación integral a víctimas; mecanismos internacionales de justicia extraordinaria; así como reformas institucionales y cambios socioculturales para evitar la repetición de hechos similares.

Hoy la justicia transicional es una disciplina autónoma que se aplica en situaciones de conflicto, post conflicto, fragilidad estatal e incluso en democracias consolidadas cuando ciertos sectores de la población han sufrido opresión y agresiones sistemáticas. Su apuesta central es la reivindicación de los derechos de las víctimas: hacer posibles la justicia, la verdad y memoria, la reparación y la no repetición.

La justicia transicional plantea un enfoque holístico, en el que los pilares son todos piezas clave que se complementan y fortalecen mutuamente. Mediante esta apuesta robusta de justicia, la justicia transicional plantea identificar los patrones y orígenes de las violencias, así como atender las causas estructurales de los conflictos para fortalecer el Estado de derecho, lograr rendición de cuentas, y fortalecer los procesos de construcción de paz.