Jacobo Dayán
Texto publicado originalmente en Animal Político

Las masacres continúan, la impunidad casi absoluta permanece, las políticas públicas son erráticas y parece no haber ningún plan integral distinto al pasado. De manera errónea, la discusión por 3 sexenios ha sido cuánta fuerza se requiere para acabar con la violencia, lo que tendríamos que preguntarnos es cuánto Estado se requiere para enfrentar el horror.

La justicia transicional apareció en las propuestas de campaña de AMLO como una alternativa para recuperar el Estado democrático, reducir la violencia, hacer frente a la impunidad sistémica, atacar la corrupción y atender a las víctimas. Armonizar una política integral con medidas extraordinarias parecía posible. Desde entonces lo que tenemos es una agenda fraccionada, sin liderazgo y que apunta en direcciones contradictorias.

¡Basta! Es imposible seguir tolerando y normalizando la barbarie.

Aunque el presidente continúe pensando que la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades son las únicas causas de la violencia, no habrá seguridad con impunidad casi absoluta. El aparato ordinario de administración y procuración de justicia, federal y estatal, se encuentra colapsado, cooptado y sin capacidades. La débil independencia de las fiscalías es insuficiente. No hay propuesta por parte de este gobierno en materia de justicia más allá del “nosotros somos diferentes”. La única alternativa es un mecanismo extraordinario de justicia con acompañamiento internacional con facultades para investigar casos de corrupción y crímenes atroces que busque desmantelar redes criminales, de protección política y de corrupción.

En otra dirección apunta la propuesta de ley en materia de política de drogas. Busca privilegiar a las grandes corporaciones y no al pequeño productor, dejando a un lado el discurso de justicia social y reducción de la violencia al dar alternativas a este sector. Tampoco hay un cambio en materia de seguridad. La propuesta es la Guardia Nacional (militarizada).

La demanda de víctimas y sociedad en materia de Verdad ha sido abandonada. La Comisión de la Verdad quedó reducida al caso Ayotzinapa. La reparación a víctimas también fue abandonada. La CEAV sigue sin titular y la ley de víctimas sin ser modificada para atender de manera responsable y no clientelar a las víctimas. La búsqueda de desaparecidos carece de recursos y personal. Desde hace más de 18 meses ni siquiera se reportan las cifras de desaparición. El Estado dice buscar y ni siquiera sabe a quiénes y cuántos.

La política migratoria también apunta en otra dirección. Criminalizar y perseguir migrantes no abona a la seguridad. Simplemente fortalece a grupos criminales al obligar a los migrantes a recurrir a rutas más peligrosas.

Aunque el gobierno continúa hablando de justicia transicional, lo hace de manera desarticulada y sin peso dentro del gabinete. Se requiere voluntad política desde el más alto nivel y no desde una SEGOB debilitada. Se requiere un plan integral y no políticas cortas, caóticas y desarticuladas.

¿Cuántas masacres más se requieren para que el gobierno asuma de manera responsable la agenda de justicia transicional para fortalecer al Estado y sus instituciones? Como lo pregunta Catalina Pérez Correa: ¿Qué somos si permanecemos inalterados ante esta barbarie?

¡Basta!

* Jacobo Dayán (@dayan_jacobo) es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Docente, investigador, conferencista, columnista y consultor.